Saber escuchar a las víctimas de violencia

Por Daniel Vázquez (sdv[at]cedhmx.org︱@danielvazquezh).

Escuchar no es simplemente oír lo que otra persona tiene que decir. Implica un esfuerzo activo por comprender el contenido, valorar el testimonio y reaccionar de manera adecuada ante la nueva información. Si después de veinte minutos de hablar con alguien le preguntamos ‘¿Me estás escuchando?’ y la persona contesta ‘Sí, pero no entendí, no me importa y no voy a hacer nada al respecto’ es válido concluir que la persona no estaba realmente escuchando.[1] Es entonces un error pensar que escuchar es una actividad pasiva. No sólo eso. Escuchar es también una actividad que requiere habilidades que se adquieren a través de la práctica, la educación y una permanente reflexión crítica. Aunque no podemos ser expertos y especialistas en escuchar todos los temas, es esencial ser al menos conscientes de nuestras limitaciones.

Sin embargo, como parte de la educación cívica más básica, todas las personas deberían saber escuchar de manera competente sobre cierto tipo de temas de interés y valor público. Uno de estos temas, quizá uno de los más delicados, es el saber escuchar a las víctimas de violencia. Aunque esto no parece ni tan difícil ni tan complicado, existen muchos ejemplos de sobrevivientes de violencia que encima de todo sufren humillaciones, injusticias y daños derivados ya no de sus agresores originales sino de la incapacidad de escuchar de sus familiares, amigos, otros ciudadanos e incluso de los servidores públicos responsables de brindarles ayuda (la llamada victimización secundaria). Ya Jimena mencionó algunos ejemplos recientes en temas de violencia de género aquí y aquí, y con este post quiero continuar la discusión.

Existen guías de buenas prácticas para apoyar a personas que fueron víctimas de algunos tipos de violencia (ejemplos aquí, aquí y aquí). Aunque éstas ofrecen información valiosa y recomendaciones muy acertadas (por ejemplo, no juzgar, creerle a la víctima, recordarle que no es su culpa, ofrecerle opciones y respetar sus decisiones y privacidad), su aplicación no es tan fácil como parece. Los prejuicios y posiciones de privilegio con respecto a las víctimas pueden incapacitar a las personas, sin que ellas se den cuenta, para ofrecer el nivel de credibilidad, respeto y privacidad que la víctimas necesitan. Cuando esto sucede, se comete contra la víctima nuevas injusticia, se fracasa en el intento de escucharlas y se atiende de manera deficiente o errónea a sus necesidades. Lo peor de todo es que en muchas ocasiones, estos agravios contra las víctimas no son casos aislados, sino que suceden de manera sistemática (una lectura obligada: aquí).

Un ejemplo de este tipo de injusticia sistemática ocurre cuando se atiende a mujeres víctimas de violencia sexual o doméstica. Debido a los prejuicios sexistas (de la sociedad, familia, amigos, doctores, policía y otros servidores públicos) se duda del testimonio de las mujeres incluso cuando la evidencia está en su favor, se le otorga más credibilidad de la que la evidencia permite a los agresores o se minimizan las necesidades de la víctima y se da prioridad a las de los agresores u otros familiares.

Otro ejemplo es la injusticia que se comete cuando no se sabe escuchar a las víctimas que pertenecen a la comunidad LGBTI. Aquí la mayoría de las personas está de acuerdo con la afirmación general de respetar los derechos de todos por igual, pero lo difícil es traducir esto a las acciones y creencias concretas. Cuando las personas se niegan a permitir el acceso de personas transexuales a los baños públicos del género al que se identifican (o mejor aún, apoyar que se cambien todos a baños neutros) se falla en escuchar que ésta es una medida que, además de respetar el derecho básico a la autodeterminación, es una forma de reducir la altísima tasa de violencia y agresiones en contra de l@s transexuales. De la misma manera, se falla también cuando se insiste en reportar un crimen de odio en contra de la comunidad LGBTI como un crimen cometido contra individuos al azar (para una introducción al tema de violencia contra la comunidad LGBTI véase aquí).

Pero estos problemas e injusticias suceden con las víctimas de todo tipo de violencia. Cuando la policía reprime una protesta, cuando el ejército abusa de su poder en contra de la sociedad civil, presuntos criminales y sospechosos en custodia, es común y aceptado sin gran indignación escuchar personas culpar a las víctimas. Se justifica las agresiones con defensas basadas en hipótesis infundadas y en el prejuicio más que en la evidencia.

Aquí muchos van a pensar que aunque esto sea cierto de los demás no aplica a ellos en lo personal. Todo mundo se imagina a sí mismo como alguien que respeta los derechos de los demás y no comete injusticias de manera sistemática. El problema es que este tipo de injusticia se produce como la suma de pequeños detalles, comentarios que son lugar común, acciones no reflexionadas o intencionales y en la aceptación y aplicación de normas, protocolos y leyes que perjudican a la víctima. Y aunque es importante dejarse de engañar y aceptar nuestra responsabilidad en el daño que se le comete a los demás, el punto no es señalar con el dedo sino reconocer lo dañino del resultado y encontrar estrategias para evitar contribuir a la perpetuación de la injusticia.

De este modo, si queremos aprender a escuchar a las víctimas de violencia y convertirnos en l@s ciudadan@s decentes y proactivos que toda sociedad se merece, propongo iniciar este proceso con las siguientes tres estrategias (aunque, por supuesto, no son las únicas):

(1) Autoeducación crítica y continua. Antes de opinar, juzgar y ofrecer alternativas hay que estar informados y, sobre todo, reconocer nuestra ignorancia. Es mejor decirle a alguien que no sabemos qué hacer o decir, que hacerlo sin estar basados en las recomendaciones de los especialistas, sin saber los datos empíricos más recientes o sin conocer y respetar los derechos de las personas (aunque la idea no es quedarse callados sin más, sino disculparse por la ignorancia y empezar en ese momento a remediarla). Todos, en la medida de nuestras posibilidades y privilegio, debemos mantenernos al día sobre cuáles son los derechos de las víctimas, cuál es la mejor manera de respetarlos, qué opciones de acción y qué problemas pueden enfrentar las víctimas.

(2) Conocer y hacerse responsables de nuestros privilegios, prejuicios y asociaciones implícitas. Sin saberlo o aceptarlo abiertamente, casi todos, debido a la forma en la que fuimos educados, nuestra situación de privilegio o los prejuicios de la sociedad en la que crecimos, realizamos ciertas asociaciones automáticas que muestran cierta preferencia por estereotipos dañinos y discriminatorios (para realizar un test en línea, véase aquí). A la hora de escuchar un testimonio, es importante saber si de manera automática preferimos ciertos tonos de piel, raza, edad, preferencia sexual o si asociamos a cierto género con ciertas actividades o no, pues esto puede afectar de manera injusta la credibilidad que le otorgamos a alguien o si damos preferencia a las necesidades de unas personas sobre otras. También es necesario reflexionar si nuestros privilegios no nos están cegando a la comprensión del testimonio de las víctimas. Por otro lado, es responsabilidad individual y social reflexionar y discutir de manera abierta la justificación de nuestras creencias, especialmente aquellas que afectan o dañan a las demás.

(3) Reconocer nuestros errores y aprender a pedir disculpas. Si ya actuamos de manera deficiente, si ya fuimos cómplices de la perpetuación de la violencia sistémica, no es suficiente decir, ‘¡Ups, en ese momento no sabía que estaba mal!’ o ‘¡No fue con mala intención, yo no sabía!’ Hacer cosas malas e injustas con conocimiento y de manera intencional sería aún peor, cierto, pero eso no exculpa por completo a nadie, tal como el desconocimiento de la ley no nos exenta de su aplicación. La razón es que somos responsables de los efectos de nuestras acciones incluso cuando dichos efectos no fueron adrede. Un ejemplo que lo deja claro: si le choco su auto a alguien le tengo que pagar los daños independientemente de si fue a propósito, por un descuido o sin querer.

Por otro lado, nuestra ignorancia es muchas veces culposa. Quizá en el momento de actuar no sabíamos que lo que hacíamos era injusto, pero debíamos haberlo sabido. Ahora bien, el punto no es instigar sentimientos de culpa. Eso no sirve de mucho a las víctimas, lo importante es empezar a actuar. Muchas veces, la primera acción es una disculpa sincera, sin justificaciones, sin minimizar los hechos. Una disculpa que le deje en claro a la víctima que hemos comprendido las causas del problema, que aceptamos la responsabilidad y cuáles son las acciones concretas que realizaremos para reparar el daño y no volverlo a cometer. Porque una disculpa sin estas características no es una disculpa que muestre que hemos escuchado con atención a la víctima.


 

[1] Con esto no quiero decir que escuchar requiere estar de acuerdo con el otro y/o estar dispuesto a cambiar alguna conducta. Sin embargo, la falta de estas dos condiciones no puede derivarse de la falta de comprensión y valoración. En dicho caso, se debe estar abierto a dar razones de ellas.

Foro temático sobre los derechos de los niños

El Centro de Estudios en Derechos Humanos (CEDH Mx), en alianza con el Research for Equitable Access and Learning (REAL) Centre de la Universidad de Cambridge y gracias al apoyo de la British Association for International and Comparative Education (BAICE), llevará a cabo el Foro temático ‘Perspectivas internacionales sobre la práctica y la investigación de los derechos de los niños.’ Este foro reunirá a profesionales y académicos que trabajan en diferentes aspectos de los derechos de los niños para compartir sus experiencias, los conocimientos adquiridos, y para discutir temas comunes en todos los países y regiones. El foro actuará como una network de profesionales que trabajan en el tema, lo que facilita el intercambio de ideas entre los participantes y las instituciones, así como las discusiones sobre posibles colaboraciones y asociaciones.

BAICE THEMATIC FORUM (1)

 

Dentro de las actividades del Foro temático habrá una reunión presencial en la Universidad de Cambridge el próximo 3 de Octubre del 2016, se editará un libro con las colaboraciones presentadas en el foro y se publicarán materiales y entradas de blog (en español y en inglés). Algunos de los participantes confirmados para el foro son:

– Profesora Pauline Rose, Directora del Research for Equitable Access and Learning Centre, de la Universidad de Cambridge.
– Profesora Fionnuala Waldron, Directora del Centre for Human Rights and Citizenship Education, de St. Patrick’s College.
– Dr Virginia Morrow, investigadora del proyecto ‘Young Lives’, de la Universidad de Oxford.
– Anna Kydd, Directora de la SHM Foundation.

Para mayor información sobre el Foro y cómo acceder a estos materiales pueden contactar a nuestra Directora Gabriela Martínez Sainz.

Nuestro problemita de credibilidad hacia las mujeres

Por Jimena Monjarás Guerra (jmg[at]cedhmx.org ︱ @jimenamg).

Diré algo que no es nada nuevo. En México hay un grave problema de violencia contra las mujeres. Y aunque haya memes, videos, o artículos de hombres explicando (“manxplicando”) que ya se ha conquistado mucho y que la situación en nuestro país no es tan terrible como en Arabia Saudita—dichosas nosotras—, la realidad es que hoy por hoy México es uno de los países con mayores índices de violencia contra las mujeres. El fenómeno no distingue lugar de origen, nivel educativo, ni estrato social. No entraré en este post en detalles y estadísticas al respecto. Lo que sí quiero abordar es la rapidez con la que se asume que una víctima de abuso físico, violencia sexual, discriminación por género o acoso, miente o al menos exagera.

Hace unas semanas Amber Heard, esposa de Johnny Depp, pidió una orden de restricción contra el actor argumentando haber sido víctima de abuso físico. A pesar de presentarse en la corte con moretones en la cara y otras pruebas, las reacciones defendiendo al actor no se hicieron esperar. Con enorme facilidad los comentadores profesionales de Internet y algunos reportes descalificaron a la actriz tachándola de mentirosa, chantajista, y caza fortunas oportunista. Éste, lejos de ser una anécdota exclusiva de las revistas de chismes de la farándula, es un caso sintomático que refleja lo que viven muchísimas mujeres sin la visibilidad de Heard: aquellas que levantan la voz son, con frecuencia, doblemente victimizadas. Primero por el acto violento en sí, y luego por la falta de credibilidad de sus allegados, de la sociedad en general y, de manera preocupante, de las autoridades.

¿Cuestionaríamos a quien cuenta que caminando en la colonia Doctores de la Ciudad de México—famosa por su inseguridad—le asaltaron a punta de pistola? No, pues es bastante plausible. ¿Hay quien ha fingido un asalto para llamar la atención o tomar alguna ventaja? Sin duda habrá algunos casos por ahí. Sin embargo, no por lo segundo nos parecería evidente cuestionar la veracidad de lo primero, sobre todo si la estadística está del lado de la víctima. ¿Por qué entonces, si dos de cada tres mujeres en México han sido víctimas de violencia de género de algún tipo, nos parecen tan inverosímiles sus relatos particulares?

No es inusual que se asuma que un hombre con al menos una cualidad—buen actor, buen papá, buen empleado, buen maestro, buen amigo—es incapaz de ser violento, pero que a una mujer que acusa siempre se le presuma mentirosa, exagerada, o con intenciones ulteriores a protegerse o buscar justicia. La presunción de inocencia es sin duda parte fundamental de un sistema de impartición de justicia funcional, sin embargo, también debería serlo la presunción de veracidad del testimonio y las pruebas que presentan las víctimas.

Cae en lo repugnante la facilidad con la que muchos meten las manos al fuego por los supuestos agresores, acosadores y violadores. “Cómo te va a haber golpeado si yo lo conocí una vez y se veía bien buena gente;” “cómo te va a haber acosado/discriminado en el trabajo si quiere mucho a sus hermanas;” “cómo crees que la violó si yo conozco a toda su familia y son encantadores.” Son argumentos que se repiten una y otra vez cuando alguna mujer se atreve a levantar la voz. ¿El resultado? No hay incentivos para seguir haciéndolo.

Por doloroso e increíble que resulte, es muy probable que todos conozcamos, quizá sin saberlo, a muchas víctimas de acoso y violencia física, sexual, psicológica o económica y, por lo tanto, a muchos victimarios. Los hombres violentos no son monstruos que viven en un callejón oscuro o debajo de un puente. Son con enorme frecuencia nuestros colegas, jefes, amigos, maestros o parejas. Incluso en los círculos más educados y progresistas hay mujeres víctimas de hombres educados y progresistas.

Las víctimas de abuso y violencia son de manera intrínseca vulnerables. Es inaceptable que también lo sean al momento de denunciar, siendo cuestionadas sobre la veracidad de sus declaraciones e incluso inculpadas en los Ministerios Públicos, como cuando en la ya mencionada colonia Doctores son secuestradas y violadas (por poner un trágico ejemplo real). De 120 mil casos de violación estimados en México en 2015, solo se presentaron 15 mil denuncias y no pasan de 4 mil las que resultaron en consignación del culpable. Por supuesto que esta cifra negra en la impartición de justicia no es exclusiva de los casos de violencia contra las mujeres, pero destaca que incluso a pesar de la creación de fiscalías especializadas para la atención de delitos contra las mujeres y del reconocimiento de la gravedad del problema, estas cifras se mantengan.

La Ciudad de México nos regaló hace unas semanas un bonito ejemplo de la profunda ignorancia de nuestros gobernantes con respecto a esta realidad. Como política para reducir el acoso sexual en las calles, el ocurrente gobierno capitalino tuvo a bien repartir silbatos para que quienes se sientan agredidas o en peligro en las calles puedan “llamar la atención y generar empatía.” ¿Creerán que gritar, por ejemplo, no sirve para llamar la atención? Y en dado caso, ¿cree el gobierno que el problema es que las mujeres no llamamos la atención lo suficiente a pesar de gritos, reclamos y marchas? Me gustaría preguntarle a la administración de Mancera: y cuando llegue la autoridad, cuando logremos llamar la atención, ¿ya nos creerán?

El problema no es que nadie se dé cuenta de que las mujeres son agredidas con frecuencia, sino que, por un lado, muchas de estas agresiones no se consideran algo grave (es decir, están normalizadas), y por el otro, que de manera sistemática a las mujeres no se les cree. Ni hablar ya de la falta absoluta de una política integral de atención al problema. Haríamos bien en empezar por dejar de defender a los agresores por sus cualidades, en crear incentivos para que las mujeres víctimas denuncien y en fomentar ambientes seguros para quienes se atreven a levantar la voz. O ya de perdida darles el beneficio de la duda en lugar de silbatos.

 

Contra la homofobia, transfobia y bifobia

El 17 de Mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia para conmemorar que en esta fecha en 1990 la homosexualidad se eliminó de la lista de enferemdades mentales por la Organización Mundial de la Salud. En este día alrededor del mundo se llevan a cabo acciones para denunciar la discriminación y violencia que sufren las personas de la comunidad LGBTI (homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales) así como sensibilizar y educar en el tema.

El CEDH Mx se une a la campaña de #IDAHOT (por las siglas en inglés) compartiendo una colección de documentos de investigación e información sobre derechos de la comunidad LGBTI y diferentes recursos para eliminar la homofobia y crear conciencia de la violencia que sufren las personas LGBTI.

Legislación

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia
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Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación
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Reseña argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre matrimonio entre personas del mismo sexo.
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Reportes especiales

Ficha de datos por Naciones Unidas sobre “Derechos de las personas LGBT”
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Informe especial de la CNDH sobre violaciones de los derechos humanos y delitos cometidos por homofobia.
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Reporte por CONAPRED, CNDH y CENSIDA sobre el “Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia.”
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Trabajos académicos

Artículo académico “El amor en los tiempos de cólera: derechos LGBT en Colombia.”
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Artículo académico “Comunidad LGBT: Historia y reconocimientos jurídicos.”
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Artículo académico “Intolerancia a la diversidad sexual y crímenes por homofobia. Un análisis sociológico”
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Libro “La diversidad sexual y los retos de la igualdad y la inclusión.”
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Los “niños de la calle” en México no son de la calle y no todos son niños

Por Yearim Ortiz San Juan (yosj[at]cedhmx.org ︱ @menudafurcia).

Son pocos los trabajos en torno al fenómeno de la población que sobrevive en los espacios públicos de las ciudades de México. A pesar de los esfuerzos realizados por organizaciones de la sociedad civil, poco se ha hecho en materia de políticas públicas y de Derechos Humanos. El problema radica, me parece, en que es un sector social ‘invisibilizado’ y estigmatizado lo que ha ocasionado que se sepa muy poco del fenómeno y que prevalezcan en la sociedad ideas erróneas que terminan por excluir, todavía más, a la gente que ha hecho de la calle su hogar. Como explicaré más adelante, las diversas categorías utilizadas para analizar la situación son uno de los factores que han impedido que el fenómeno pueda ser dimensionado y que por lo tanto la población callejera siga siendo excluida y castigada por su condición.

El concepto de “niño de la calle” tomó relevancia en la década de los 80 gracias a los trabajos realizados por la UNICEF sobre los niños trabajadores en México. Este término aglutinó dos distinciones: los “niños en la calle” y los “niños de la calle.” El primero hacía referencia a niños (y niñas) que trabajaban en la calle pero que vivían con su familia. El segundo denominaba a niños que además de trabajar en la calle, tras haber roto los vínculos familiares, la hicieron su hogar. Ahora bien, el objetivo de estudiar la población infantil trabajadora dejó encerrado al fenómeno de los “niños de la calle” dentro del espectro económico, pues se advirtió que la pobreza y la precarización de las condiciones de vida de las familias habían sido los factores principales que habían provocado el trabajo infantil y su expulsión hacia la calle.

En las décadas posteriores, diversos programas gubernamentales retomaron el concepto y buscaron dar una salida a la problemática. Sin embargo, ésta no se vio como un fenómeno particular sino que se integró dentro de programas más amplios como el Programa del Menor en Situación Extraordinaria y el Programa de Menores en Circunstancias Especialmente Difíciles (véase aquí). Con el paso del tiempo se observó que la terminología era particularmente estrecha, primero porque ocultaba al sector femenino y segundo porque no visibilizaba a los adolescentes y/o jóvenes. Así, se planteó que la población objetivo serían sujetos, hombres y mujeres, de entre 0 y 18 años. El DIF y la UNICEF han seguido sus estudios en esa área, pero ahora hablan de niñas, niños y adolescentes trabajadores en México.[1] Las conclusiones a las que han llegado es que el fenómeno tiene que ver con la pobreza y con la violencia dentro de la familia; el porcentaje más alto de los niños, niñas y jóvenes que decidieron vivir en la calle mencionaron como causa principal el mal trato en el hogar.

Sin embargo, incluso esta nueva terminología ha provocado, sin querer, que el fenómeno de las poblaciones callejeras no pueda ser aprehendido en toda su complejidad. Las personas que habitan la calle no se reducen sólo a los menores de edad, también hay adultos, jóvenes –y ésta población es la que más ha aumentado en los últimos años– y adultos mayores; segundo, no todos los niños y niñas que habitan la calle han roto vínculos con sus familias, incluso hay familias que viven en la calle. Han sido los estudios de corte sociológico y cualitativo los que han permitido ver el fenómeno desde otra arista.[2]

La idea del “niño de la calle” adquirió popularidad y a partir de ésta se han ido construyendo imágenes y prejuicios sobre quiénes habitan la calle. Por ejemplo, al pensarlos como sujetos de la calle se asume que no poseen una filiación, como si desde siempre hubieran sido de la calle y por lo tanto le pertenecieran a ella; en ese sentido, han sido pensados como sujetos sin amor (como bien reza la popular canción El niño sin amor), abandonados, no-deseados, desamparados y huérfanos. Esto ha provocado que el trabajo realizado con dicha población sea más de corte asistencialista. Con respecto a los jóvenes que viven en la calle se ha construido en torno a su imagen la figura del vago[3] pues se puede justificar que un niño abandonado mendigue en la calle, pero no un joven que supuestamente cuenta con la vitalidad para tener un trabajo “decente.” Así, se les ha tachado de parásitos sociales, delincuentes y drogadictos (aunque la última también aplica para los niños y niñas) y, en ese sentido, se les considera un problema de seguridad. Al respecto vale la pena mencionar el trabajo realizado por la Secretaría de Salud Pública del Gobierno Federal que advierte que dicha población ha aprendido a provecharse de las organizaciones y demás proyectos gubernamentales y resuelve sin esfuerzo todas sus necesidades, además su propia condición muchas veces la orilla a cometer delitos –pues son vagos drogadictos. Estas construcciones sociales afectan la elaboración de políticas públicas, pues se debe pensar si éstas deben ser implementadas desde una visión de derechos humanos o desde una visión de seguridad pública. Finalmente, la imagen del adulto mayor es concebida como la de un indigente.

Desde principios de siglo el concepto fue relegado –aunque popularmente se siga nombrando como “niños de la calle” a la población no-adulta que la habita– y se comenzó a utilizar la categoría de niños, niñas y jóvenes en situación de calle (o alguna variante). Ésta ayudó a entender el fenómeno más allá del aspecto económico y de la perspectiva de los niños trabajadores. Sin embargo, sigue ocultando los derechos que le deberían de ser restituidos a dicha población;[4] sin duda, el término fue un progreso pero deja fuera muchas otras realidades como su situación de exclusión social.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal retomó de las sociedades civiles–particularmente de El Caracol A.C.–el término “poblaciones callejeras”. Éste ayuda, primero, a comprender que se trata de un mundo de personas que habitan la calle –niños y niñas, jóvenes, adultos y familias–, segundo, hace referencia a una especie de “cultura callejera,”[5] pues éstos generan entre sí lazos de amistad, de solidaridad y una forma de organización que les permite sobrevivir; finalmente, aleja la idea de sujetos pasivos y abandonados, pues muchos de éstos conservan sus lazos familiares e incluso pasan temporadas con ellos en sus casas. La idea de “población callejera” pretende dotar de sentido el significado de “callejero” como exclusión social, es decir, “población excluida socialmente;” con esto se entiende que el que habita la calle no está solamente en una situación de pobreza y/o abandono, sino que ha sido sujeto excluido socialmente y por ello habita la calle. Los que defienden este nuevo término–que implica un nuevo paradigma–advierten que los otros conceptos se quedan sólo en el aspecto económico y los problemas que aglutinan tienen que ver más con el consumo de sustancias, con el trabajo infantil y con la violencia familiar, y por ello, asumen que es un problema “pasajero” que se puede remediar con una educación formal y la prevención del consumo de drogas. Esto ha traído consecuencias como la institucionalización forzada y la separación de los menores de sus familias. Por el contrario, con la categoría de “poblaciones callejeras” se busca aprehender el fenómeno también desde los contextos socioculturales que han propiciado que se prefiera vivir en la calle–como las redes de amistades, y la exclusión de la comunidad–hasta el personal (en donde cada sujeto tiene su propia historia de vida), pasando también por las instituciones como la escuela y la familia.

Es importante tomar en cuenta estas reflexiones si se quiere entender a la población callejera. Por eso, el primer paso es conocer las categorías que han intentado aprehender el fenómeno, antes de hablar sobre sus experiencias y las condiciones límite en las que viven día a día, porque es necesario empezar por deshacernos de viejos prejuicios que hasta la fecha siguen impidiendo que dicha población sea visibilizada en toda su complejidad.

 

 

Bibliografía

Arroyo Casanova, Rosío. Niños de la calle: desarticulación entre la política pública social y derechos humanos en el Distrito Federal. 1990-2007, Tesis de licenciatura, UNAM-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 2007, 499 pp.

Cornejo Portugal, Inés. “Los hijos del asfalto. Una prospección cualitativa a los Niños de la Calle”, Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, mayo-agosto 1999, vol. 6, núm. 19, pp. 207-242.

Domínguez, Mario, Martha Romero y Paula Griselda. “Los ‘niños callejeros’. Una visión de sí mismo vinculada al uso de las drogas”, Salud Mental, junio 2000, vol. 23, núm. 3, pp. 20-28.

Makowski, Sara (coord.). Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. Elementos para repensar las formas de intervención, México, Editorial Lenguraz, 2008, 87 pp.

Martínez Lanz, Patricia, Mariana Rosete Rubio y Renata de los Ríos Escalante. “Niños de la calle: autoestima y funcionamiento yoico”, Enseñanza e Investigación en Psicología, julio-diciembre 2007, vol. 12, núm. 2, pp. 367-384.

 

Otras fuentes

Caracol A.C., El. Relatoría especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, México, 25 de septiembre de 2015.

DIF y UNICEF. 2º Estudio en cien ciudades de niñas, niños y adolescentes trabajadores en México, 2002-2003. Informe ejecutivo, México, SNDIF-UNICEF, abril 2004, 66 pp.

INEGI, El trabajo infantil en México. 1995-2002, México, INEGI, 2004, 116 pp.

_____, Resultados del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2013. Encuestra nacional de ocupación y empleo, México, INEGI, 2014, 189 pp. (aquí la liga para ver las publicaciones de todos los años del trabajo del INEGI).

SEDESO e Instituto de Asistencia e Integración Social, Censo ‘Tu también cuentas IV’, México, 2011-2012.

Secretaría de Seguridad Pública y Gobierno Federal. Niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, México, SSP, abril 2011, 18 pp.

 

[1] Uno de los trabajos más importantes debido a que es de los más completos es el Estudio de niños, niñas y adolescentes trabajadores en 100 ciudades. Se trata de la elaboración de un perfil demográfico, socioeconómico, laboral y familiar de las niñas, niños y adolescentes trabajadores de las principales ciudades de México.

[2] Esta entrada de blog surge del análisis de estas investigaciones y de mi experiencia en la amistad con poblaciones callejeras. Véase la bibliografía al final del texto.

[3] Todo aquello que aglutina dicho concepto: individuos que se la viven en la calle -pensemos cómo popularmente se dice que uno anda de vago cuando en todo el día no ha estado en casa; sujetos que no tiene disposición para trabajar o realizar alguna tarea que requiera cierto esfuerzo o que no les interesa tener un compromiso. Con esto quiero decir que no necesariamente son llamados así, pero la idea que se tiene de ellos se puede describir con el concepto de “vago.”

[4] Rosió Arroyo Casanova, Niños de la calle: desarticulación entre la política pública social y derechos humanos en el Distrito Federal, Tesis de sociología, UNAM, 2007.

[5] El Caracol A.C., Relatoría especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, México, 25 de septiembre de 2015: “La categoría social poblaciones callejeas [sic] alude al carácter activo de las personas que sobreviven en las calles, quienes han generado una cultura callejera.” También Cfr. Ednica, Niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situaciones de calle. Elementos para repensar las formas de intervención, México, Editorial Lenguraz, 2008.

Museos y derechos humanos

Cuando uno piensa en cómo aprenden sobre derechos humanos las personas es fácil imaginar cursos de capacitación impartidos por organismos internacionales o comisiones de derechos humanos, incluso especialidades o programas académicos ofrecidos por Universidades y Centros de Investigación. Sin embargo, cada vez es más común que los derechos humanos se aprendan en espacios alternativos como los museos. En estos espacios el objetivo no es aprender sobre derechos humanos a través del arte, sino de colocar a estos derechos como objeto principal de los museos. De esta manera es posible mezclar la experiencia estética y educativa de las personas que visitan estos museo con el objetivo de fomentar un aprendizaje experiencial. Esta semana se celebró el #MuseumWeek, el primer evento cultural a nivel global organizado por Twitter en el que miles de museos participaron compartiendo parte de sus colecciones, anécdotas destacadas y buenas prácticas. Como parte de este evento el CEDH Mx presenta los museos principales sobre derechos humanos en el mundo.

 

  1. The International Slavery Museum (Liverpool, Reino Unido)

Inaugurado en 2007, este museo hace un recorrido histórico sobre la esclavitud desde sus orígenes hasta nuestros días. Su exhibición muestra no solamente datos y acontecimientos concretos sino que incorpora la voz de las víctimas. Como ellos mismos lo explican, se trata de contar la historia de resistencia y supervivencia de las víctimas como testimonio para generaciones actuales y futuras. Este museo, además de su colección permanente y exhibiciones temporales, se ha dado a la tarea de promover conferencias, seminarios y talleres sobre diferentes temas sobre derechos humanos y cuenta con su propio centro de investigación sobre Esclavitud Internacional. De esta manera, este museo se ha colocado como una de las institución a la vanguardia en la promoción de los derechos humanos y actualmente coordina la Federación de Museos en Derechos Humanos. Algunas secciones del museo y de las exhibiciones se pueden explorar a través de sus videos y la mayoría de sus conferencias y pláticas están disponibles en línea.

The International Slavery Museum, Liverpool, which has created a teachers' resource pack

 

  1. Canadian Museum for Human Rights (Winnipeg, Canadá)

Este museo ha sorprendido tanto a locales como a visitantes pues a menos de 2 años de su inauguración ha recibido numerosos premios, no solo por su impactante arquitectura sino por sus exhibiciones y actividades. Con más de 400,000 visitantes al año, están logrando promover la discusión sobre derechos humanos y contribuir a la memoria colectiva de los canadienses en temas como derechos de los pueblos indígenas, el holocausto y mecanismos para proteger estos derechos hoy en día. Este museo además tiene un gran compromiso con actividades educativas, con recursos disponibles para maestros y escuelas. Además cuenta con su propio centro de investigación y biblioteca en donde se pueden consultar archivos históricos.

Canada

 

  1. Museo Memoria y Tolerancia (Ciudad de México, México)

A seis años de ser inaugurado, este museo ha sido reconocido como uno de los mejores museos de la Ciudad de México y ha ganado premios tanto por su diseño como por su contenido. Este museo busca sensibilizar sobre la importancia de la tolerancia y difundir los derechos humanos creando una memoria histórica y alertando sobre los peligros de la indiferencia y violencia para la convivencia pacífica. Su exhibición permanente se divide en dos partes, una de memoria en la que se exhiben salas sobre los genocidios a partir del siglo XX, incluyendo el Holocausto, Ruanda, la Ex Yugoslavia y Guatemala. La segunda parte se enfoca en la tolerancia en donde se presentan temas como la discriminación, derechos humanos y diversidad, haciendo énfasis en los pueblos indígenas en México y migrantes. Además cuenta con una sala diseñada especialmente para niños en las que se organizan talleres para fomentar la equidad, el diálogo y el respeto, así como un centro educativo especializado.

CDMX

 

  1. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Santiago, Chile)

Este museo busca hacer visibles las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre 1973 y 1990 como una manera de tener presentes a las víctimas y sensibilizar a la población para evitar que este tipo de hechos se repitan. Inaugurado en 2010, sus colecciones incluyen objetos y documentos de la historia reciente de Chile, reconocidos como parte del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO. El museo cuenta con un Centro de Documentación con archivos textuales, fotográficos, iconográficos, sonoros, audiovisuales y de objetos del periodo de 1973-1990, además de ofrecer un programa de pasantías para fomentar el conocimiento, investigación y divulgación de los derechos humanos.

Santiago

La migración no sólo es económicamente eficiente, es un derecho humano

Por Jimena Monjarás Guerra.

En junio de 2015 Donald Trump anunció su candidatura para la nominación presidencial estadounidense del Partido Republicano. Desde entonces, uno de los ejes centrales de su inexplicable e impredeciblemente exitosa campaña ha sido la criminalización de los migrantes, en especial los mexicanos y musulmanes (“cuando México manda a su gente, no manda a los mejores; envía a gente con muchos problemas (…) traen drogas, son criminales, son violadores”).

Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, el debate migratorio se ha intensificado a últimas fechas fruto de la guerra en Siria, de los conflictos armados en Centroamérica, en África, y un largo etcétera. Y aquí cabe preguntarnos por qué nos parece razonable y moralmente aceptable que la libertad de movimiento termine en una frontera geográfica. El tema tiene sin duda implicaciones éticas, sociales, políticas, económicas y prácticas, sin embargo, me gustaría explorar sobre todo el argumento económico y sus implicaciones en términos de derechos humanos, pues es el primero al que apelan quienes en general se oponen a una migración menos restrictiva.

En el mundo existe una tendencia de apertura a los flujos comerciales en aras del máximo aprovechamiento de los recursos para generar ventajas competitivas, y sin embargo, el flujo de personas (i.e. recursos humanos) se enfrente a una creciente oposición. Desde el punto de vista económico—el mismo que parece justificar el libre flujo comercial de bienes y servicios—la evidencia apunta a que la migración—autorizada o no—tiene efectos económicos positivos. El consenso entre los analistas es que la migración incrementa la demanda y la productividad, aumenta la innovación y reduce el nivel general de precios. En general, los migrantes son más propensos a emprender negocios que generan nuevos trabajos; incrementan la oferta laboral en industrias no cubiertas por la población nativa y contribuyen al incremento del “piso salarial”; incrementan la recaudación fiscal de sus lugares de residencia (pues, contrario a la sabiduría popular, los migrantes pagan impuestos); las remesas que envían a sus países de origen generan flujos de capital que mejoran la economía emisora; los migrantes de primera generación son menos propensos a cometer crímenes; y aumentan la oferta cultural de sus nuevas comunidades de residencia. Es decir, los beneficios se observan tanto en los ingresos y la calidad de vida de los migrantes individuales, como en la comunidad receptora en su conjunto. La evidencia es tan vasta que hay incluso quien argumenta que deshacerse por completo de las barreras migratorias podría duplicar la producción económica global y reducir los niveles de pobreza a nivel mundial.

Quienes se oponen a lo anterior argumentan que abrir por completo las fronteras generaría un flujo masivo incontrolable. La opinión pública y los discursos oficiales conservadores que se oponen a la migración abierta se centran en la pérdida potencial de trabajos y de bienestar en general. Sin embargo, existen de hecho regiones con migración abierta sin que ello signifique que ciertos países reciban millones de personas que llegan a “explotar sus recursos” o “robar sus trabajos”. Un ejemplo concreto es la Unión Económica Europea (UE). En 2004, 10 países se unieron a la UE sumando cerca de 100 millones de personas a la población total de la región. La mayor parte de estos países eran pobres y/o habían pertenecido a la Unión Soviética (Hungría, República Checa, Polonia y Rumania, entre otros). Tras la incorporación, no sólo no se observó una ola migratoria incontrolable, sino que 12 años después, únicamente 4 millones de esos 100 millones de personas han migrado a los países más ricos de la UE, casi todos de manera temporal, generando empleos, fomentando la competencia, aumentando la productividad, etcétera. Es decir, existen razones para suponer que la (¿infame?) mano invisible del mercado se ha encargado de equilibrar la oferta laboral y que muchas razones culturales, históricas y sociales generan cierta estabilidad en el tránsito de personas.

Estados Unidos, por el contrario, ha incrementado sus restricciones migratorias. Aunque en los últimos años el flujo neto de migrantes mexicanos se ha revertido (es decir, son más quienes regresan que quienes se van), siguen siendo miles los que atraviesan el país hacia el norte, provenientes de todas partes del mundo. El cada vez más estricto control fronterizo y el apoyo del gobierno estadounidense al programa Frontera Sur en México, fuera de desincentivar a quienes pretenden cruzar, ha generado que las fronteras mexicanas se conviertan en zonas bajo el dominio del crimen organizado. Por un lado, el número de “coyotes” y sus tarifas han crecido de manera exponencial en los últimos años (pues las restricciones en papel incrementan el número de funcionarios y las cantidades que éstos requieren para que la maquinaria siga operando). Por el otro, los cárteles encuentran en las rutas de La Bestia, presas fáciles de secuestro, extorsión y explotación sexual. No existen datos oficiales de cuántos migrantes se quedan en el camino, pero cada vez son más comunes los reportes de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas llenas de restos de desplazados en tránsito.

Generalizar sobre las causas de la creciente desaprobación de la opinión pública con respecto a los migrantes es complicado. Distintos países y comunidades tienen—y han tenido de manera histórica—aproximaciones diferentes al fenómeno. En el caso particular estadounidense, a pesar de ser un país de migrantes, la criminalización, el miedo y el racismo hacia los nuevos grupos no es nada nuevo. No sorprende que, incluso quien pretende llegar a la presidencia—como Trump—ataque a blancos fáciles para ganar adeptos. El tratamiento mediático de casos anecdóticos, además, entorpece la superación de dichos miedos: casos como el de una mujer que es asesinada a manos de un migrante indocumentado mexicano en San Francisco dominan las noticias por días, mientras que rara vez se discute la aportación a la economía local de los negocios que emprenden los migrantes indocumentados. El primero, si bien reprobable, no es un caso representativo o que refleje el perfil de una comunidad completa, mientras que el segundo sí.

Tanto en el caso de las personas que migran por causas económicas, como en el caso de aquellos refugiados que forman parte de las movilizaciones forzadas (i.e. aquellos para quienes migrar es un imperativo), parecería que al menos los argumentos económicos no son suficientes para cerrar fronteras o construir muros. Cabe entonces preguntarnos si existe una responsabilidad moral—individual y colectiva—con las personas que por causas ajenas a su control se ven obligadas a abandonar sus países de origen.

Si bien existen muchas implicaciones prácticas y políticas al respecto, al menos tomando en consideración los beneficios económicos de la migración y las externalidades negativas de las medidas restrictivas, parece moralmente contradictorio que el derecho de movimiento de las personas esté limitado a los confines de un país. Aquellos países que restringen a sus ciudadanos al salir de sus límites fronterizos sin autorización—como Cuba o Corea del Norte—son considerados autoritarios y trasgresores de los derechos humanos, y sin embargo nos parece aceptable que existan restricciones a la entrada. Incluso cuando ante emergencias humanitarias, los recursos y procesos para quienes buscan migrar a otro país sean limitados, inaccesibles, y muchas veces insuficientes.

Las fronteras nacionales hoy en día nos parecen normales y prácticas. Sin embargo, si discriminar por raza, religión, sexo, o preferencia sexual se ha vuelto injustificable, ¿por qué nos parece razonable discriminar social y económicamente a una persona por su lugar de nacimiento? Un sistema fronterizo mucho menos restrictivo es, no sólo eficiente en términos económicos, sino parte fundamental de los derechos intrínsecos de las personas, sobre todo cuando éstas contribuyen de manera sustancial a las comunidades receptoras. Ponerle un asterisco al derecho al libre tránsito es en términos prácticos una limitación a un derecho humano fundamental.

 

Nuevas formas de ser ciudadano en México

Por Gabriela Martínez Sainz.

El 2 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el cual da evidencia de la crisis de violencia y seguridad que atraviesa el país. Este informe proporciona datos similares a los que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, reportó en Octubre del año pasado: más de 26, 000 personas desaparecidas, alrededor de 150,000 homicidios, casi 2,500 investigaciones por casos de tortura y más de 245 agresiones registradas contra defensores de derechos humanos y sus familias. La CIDH también corrobora la grave situación de inseguridad que sufren los periodistas en el país, que ya Artículo 19 había reportado en su informe el mes pasado, y que coloca a México entre los cinco países con más desapariciones de periodistas.

Los datos que ofrecen todos estos informes son en sí mismo abrumadores y reflejan una realidad de violencia e inseguridad con la que la mayoría de las personas en el país puede relacionarse. El INEGI reportó el año pasado que el 58% de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad es el principal problema del país. Es por esto que resulta inadmisible la respuesta del gobierno federal al informe presentado por la CIDH:

“El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado el día de hoy no refleja la situación general del país”

Uno de los argumentos principales que da el gobierno Mexicano es que la CIDH ignora en el reporte más de cincuenta años de avances, cambios estructurales y procesos que se han implementado para la protección y promoción de los derechos humanos. La queja del gobierno es que la CIDH se enfocó en buscar casos de violaciones de derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas e impunidad, en lugar de valorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y aunque esta respuesta pareciera un mal chiste—equivalente al alumno que se queja de reprobar porque el examen trata temas diversos e importantes y no solamente lo que sí estudió—es en realidad una muestra de la falta de sensibilidad del gobierno Mexicano hacia las víctimas al minimizar la importancia de las violaciones de derechos humanos, y de la creciente tendencia a desconocer las críticas de organizaciones internacionales.

El gobierno Mexicano, en los últimos años, ha adoptado como estrategia a la crítica internacional el hacer oídos sordos ante las preocupación de organizaciones e incluso gobiernos sobre la actual violencia e impunidad en el país. Por el contario, la estrategia ha sido atacar a las instituciones que emiten estas críticas desacreditando sus metodologías de investigación y repitiendo una y otra vez los avances que el mismo gobierno considera suficientes. En sus observaciones el gobierno Mexicano afirma que es difícil valorar la objetividad con la que la CIDH emite sus conclusiones y recomendaciones por varias razones, incluyendo que se basa principalmente en información cualitativa (casos de víctimas de violaciones por ejemplo) y no cuantitativa (estadísticas de crímenes), que utilizó notas periodísticas en lugar de la información otorgada por el gobierno y que busca sistemáticamente desacreditar las cifras oficiales. Ninguna de las dependencias que respaldan estas observaciones –Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República– tienen autoridad para desacreditar y mucho menos rechazar como lo hacen el reporte de la CIDH. No sólo no tienen la competencia para monitorear violaciones de derechos humanos en el país, sino que a diferencia de la CIDH, no cuentan con protocolos y metodologías para investigar dichas violaciones y reportarlas. Es imperativo que el gobierno Mexicano reconozca sus fallas, y entienda que los avances estructurales y en materia de legislación no son suficientes. Si lo fueran ni serían noticias cotidianas las desapariciones y asesinatos, y cientos de familias no tendrían que buscar solos y sin ayuda del gobierno los cuerpos de desaparecidos en fosas clandestinas por todo el país.

Sin embargo, esta postura del gobierno Mexicano significa también que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben repensar sus estrategias y formas de reaccionar ante las descalificaciones del gobierno Mexicano. El problema es que, por décadas, la sociedad civil en México se ha valido de la presión internacional para avanzar en la lucha de la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 fueron posibles en gran medida por el apoyo internacional hacia el EZLN de muchas organizaciones y que continúa al día de hoy.

Dado que una preocupación del gobierno Mexicano es—o por lo menos lo era hasta hace un par de años—dar una buena imagen hacia el exterior de compromiso con los derechos humanos, una buena estrategia para las OSC era evidenciar las incongruencias entre el discurso y la práctica de derechos humanos. Al denunciar ante organizaciones internacionales los abusos y violaciones, se lograba poner en el centro de la discusión las fallas del gobierno Mexicano y ejercer presión para que se llevaran a cabo cambios específicos. Así, estas denuncias se traducían en victorias para la sociedad civil, pues no sólo cobraba fuerza el discurso de los derechos humanos en México sino que poco a poco se consolidaba un marco jurídico sobre derechos humanos. Reformas constitucionales, iniciativas de leyes y mecanismos de protección en materia de derechos humanos han sido resultado directo de la presión internacional de gobiernos extranjeros y reportes publicados por distintas agencias más allá de la CIDH, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y Freedom House, entre otras.

Si denunciar públicamente al gobierno Mexicano frente a organizaciones internacionales ya no es suficiente, es momento para que las OSC piensen en nuevas estrategias y formas de ejercer presión más allá de comunicados conjuntos. Si las viejas prácticas que funcionaron en el pasado ya no tienen la misma efectividad, es momento de pensar cómo lograr un mayor impacto y generar lazos estratégicos no sólo con los organismos internacionales sino también con los ciudadanos dentro del país. Esto no es fácil, pues al parecer, en México existe una incongruencia entre lo que pensamos como ciudadanos y cómo actuamos en consecuencia. Una investigación reciente muestra que a pesar de que hay una elevada alarma social ante la violencia en el país, la respuesta en acciones concretas es baja. El reto para las OSC es diseñar nuevas vías y mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan exigir una verdadera rendición de cuentas que permita transformar la frustración generalizada contra la violencia e inseguridad a través soluciones concretas. Para lograrlo hay que pensar en formas de ciudadanía fuera de lo convencional, por ejemplo con iniciativas que:

faciliten la comunicación de los ciudadanos con sus representantes locales para exigir acceso a la información sobre casos de violaciones de derechos humanos en su comunidad,

transparenten los procesos de denuncia e investigación de dichas violaciones,

permitan convertir las firmas de peticiones electrónicas en iniciativas de ley o por lo menos asuntos a discutir en cámaras de diputados y senadores.

Este tipo de iniciativas ya se utilizan para temas como corrupción y elecciones o transporte público, y podrían servir como base para desarrollar propuestas para la promoción y defensa de los derechos humanos en México.

 

 

 

Participación ciudadana: aprendiendo de las experiencias personales

Serie coordinada por Gabriela Martínez Sainz con contribuciones de Rafael Arvizu, Ligia Bedolla y Ximena García.

¿Por qué las personas deciden participar en la vida política de un país? ¿Qué factores los motivan a participar en una marcha, a hacer voluntariado o a apoyar ciertas causas?¿Por qué eligen participar de determinada manera y qué significado tiene para ellas involucrarse con determinadas causas?¿Qué esperan conseguir por medio de la participación política? Estas son algunas de las preguntas que surgen al analizar las causas y consecuencias de los diferentes medios por los cuales los ciudadanos participan activamente. Cuando se habla de participación política es común pensar en los procesos e instituciones que hacen posibles los movimientos sociales o que dan espacio para la participación, sin embargo son las personas las que dan forma a estos movimientos, procesos e instituciones. Son ellas las que construyen la ciudadanía por lo que sus vivencias y puntos de vista deben colocarse al centro de la discusión y del análisis sobre participación ciudadana.

El estudio de la participación política, permite enfocarse en las experiencias de las personas involucradas activamente en diferentes medios de participación ciudadana y, a partir de sus sus propias narrativas, comprender mejor las formas en que los ciudadanos influyen en el panorama socio-político de un país. Es por esto que, como parte del proyecto del CEDH Mx sobre “Construcción de discursos de ciudadanía” invitamos a diferentes personas a narrar sus propias experiencias de participación política con el objetivo de comprender mejor las causas, alcances y limitaciones de estas participaciones y su papel en la construcción de una ciudadanía activa. En esta primera entrada de la serie, Rafael, Ligia y Ximena narran con sus propias palabras sus experiencias en la marcha del 26 de Septiembre en memoria de los 43 maestros normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, México:

– Rafael Arvizu: Sociólogo, profesor de medios y procesos de información en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y columnista de opinión para Amnistía Internacional y el periódico “Nuestro México”.

– Ligia Bedolla: Maestra en Pedagogía con experiencia docente en nivel primaria, secundaria, bachillerato y licenciatura así como en el trabajo comunitario. Actualmente representante de la Red Pedagógica Contemporánea.

– Ximena García: Socióloga, experiencia en la evaluación de proyectos comunitarios en SEDESOL, y actualmente coordinadora de proyectos en la asociación civil Ayuda a la Iglesia que Sufre para implementar estrategias de apoyo a las sociedad vulnerables latinoamericanas.

Los tres, jóvenes interesados y convencidos de que se puede construir un mejor mundo para todos y para cada uno partiendo de la reflexión crítica de nuestra historia y nuestro presente para proponer cómo trabajar por un mejor mundo para todos y para cada uno.

 

El caso de Ayotzinapa

Es difícil asentar un antecedente histórico para el caso Ayotzinapa que no esté relacionado con la vida política y económica de México, sobre todo cuando el quehacer político, que también incluye las omisiones políticas y la ausencia de Estado y Gobierno para muchas regiones del estado de Guerrero en por lo menos quinientos años, se halla vinculado a grupos criminales que también incluyen a los sectores empresariales. El trabajo mediático siempre ha estado volcado en reconciliar la imagen pública de la clase política sin enfrentar los problemas base que propiciaron que éste y muchos otros eventos terribles en la actualidad mexicana y, al mismo tiempo, incluso la denuncia social versa en el mismo círculo de manera inconsciente retomando aspectos de la vida política que sin embargo se mantienen en el aire a lo más con un espíritu conmemorativo: la solidaridad, la manifestación pacífica y la acción política virtual.

La vida social en México siempre ha estado atravesada por los intereses políticos, últimamente más densamente entrelazado con los económicos y con las demandas del mercado. También el surgimiento de las Escuelas Normales Rurales formaron parte en un principio de un modelo de planeación política al que se inscribió la población de principios del siglo pasado, que aceptó sin que necesariamente estuviera de acuerdo en plena conciencia. Con el paso de los años los planes y reformas políticas, especialmente después de los años 80 con la instalación de los paradigmas neoliberales que desde entonces aceleran sus procesos, colisionaron con los planteamientos filosóficos y las cosmovisiones que daban respuesta a tipos específicos de vida que entonces, con el auge económico que caracterizó la novedosa implantación del modelo no sólo escapaban a la vista de los proyectos nacionales sino que fueron omitidos y negados por la vida política del país. Después, con la creciente oleada de crisis económicas y la prisa por cubrir las expectativas de crecimiento y desarrollo la vista de la clase política y del empresariado nacional se posó en horizontes más alejados y entonces los pueblos, que habían construido modos de vida paralelos hasta cierto punto con las perspectivas centrales, comenzaron a estorbar. Desde entonces la voracidad por utilizar sus recursos naturales y su mano de obra en favor de la economía global ha hecho propicio un clima de violencia que hasta ahora, gracias a las tecnologías de comunicación y a las redes sociales sobre todo, han podido visibilizarse y hacerse propicias para la denuncia empero con el empuje desinformativo, subinformativo, hiperinformativo o de omisiones por parte de los monopolios de comunicación como opiáceos a los procesos de cambio social.

Un Estado que no ha procurado jamás la agenda de fondo en la constitución de la vida pública mexicana y que ha dejado pasar siempre de largo las problemáticas sociales que “no afectan” al centro es necesariamente imbricador y cómplice de las múltiples muertes y atropellos de derechos humanos que a lo largo de la historia conformaron el terreno propicio para desaparecer no sólo a 43 sino a 26000 personas más (por hablar de uno de los crímenes entre una larga lista).

El 26 de septiembre de 2014 fue una fecha más al cúmulo de eventos violentos que los mexicanos sufrimos y de los que somos parte. Actos violentos suscitados por la clase política de este país. Lamentablemente clase política que no nos representa.La pregunta es: ¿hasta dónde llegará esto? ¿Cuántos ciudadanos seguiremos peleando y nos seguirán callando? Somos parte de este Estado, somos las lágrimas de los que lloran a los desaparecidos, somos los gritos de las asesinadas, somos la desesperación de los hambrientos, somos el coraje de los niños de la calle, somos el sudor de las madres y padres, somos los jóvenes de este país que no nos cansamos y que seguiremos luchando por una verdadera representación de gobierno.

 

Ximena García:

Llegó el 26 de septiembre del 2015, un año ya de la desaparición de 43 normalistas, de varios heridos, de un hombre con la cara arrancada, de Aldo en el hospital en estado de coma; un año de lucha de amigos, hermanos, compañeros, padres, envueltos en mucho dolor, enojo, y aún con la esperanza de volver a ver un día a sus hijos; un año que muestra a México y al mundo, no sólo los alcances inhumanos y cínicos de un Estado que mata y desaparece a su antojo con toda la fuerza de sus policías e instituciones, sino además la incapacidad del gobierno de voltear siquiera a ver a sus ciudadanos, para buscar una verdad histórica, no la prostituida, manipulada y mentirosa de Murillo Karam, la verdad histórica que llevamos pidiendo a gritos y en la calle un año ya miles de mexicanos.

Así, conmemoramos y recordamos a los normalistas hombro a hombro y codo a codo, en una muestra infinita de solidaridad, gritábamos al ver pasar a los padres de los 43: no están solos, no están solos; y eso dijo la tan simbólica Reforma, desde el Museo de Antropología hasta el cruce de Insurgentes (según los reportes en Twitter y los mensajes de los muchos amigos que quedamos repartidos a lo largo de la marcha), miles de mexicanos salimos a las calles y nos juntamos a demostrar que la lucha continúa, a levantar la voz en la exigencia de justicia, a gritar que no nos hemos cansado; se llenó el Centro Histórico de muestras de enojo, de desesperación, de lucha; hombres, mujeres, jóvenes, niños… estudiantes, obreros, anarquistas, maestros, padres, madres, trabajadores, sindicalistas, todos, juntos, gritando consignas, inventadas desde la realidad pero con toda la creatividad que surge de la alegría de imaginar unirse al “otro” con ellas, de gritarle al mundo lo que pasa en México y que en medio de mucho dolor, aquí estamos, que nos sumamos en la lucha de un mejor lugar para vivir, que no olvidamos, que pese a la lluvia, a las amenazas, a los policías, al tráfico, al miedo, a la desesperación, ¡Ya volvimos a salir!, y que se queda en la construcción de la historia las muestras de apoyo, las largas caminatas, la gente en las calles, los muros pintados, la tristeza que corroe, no sólo por los 43, sino por los miles de muertos y desaparecidos, por los pobres, por los olvidados, y que a pesar de tanto dolor, nos junta la esperanza de ser más y más los que soñamos y caminamos junto al otro para hacer de este un mejor país.

 

Rafael Arvizu:

Despertar, respirar, estar vivo ya de por sí tiene muchas implicaciones y, por la dinámica de la vida –a propósito de la cual no se nos pidió opinión y con certeza podemos vaticinar que no se nos pedirá–, a menudo se hacen invisibles múltiples factores que van condicionando nuestra existencia y, en buena medida, nuestras cosmovisiones, alegrías e incluso temores. Ese cúmulo de posibilidades y negaciones están ahí afuera al mismo tiempo cercanas y ajenas a todos y a todas, en buena medida inamovibles y restrictivas, aunque de libertades se disfracen.

Salvador Allende hace algunos años puso de relieve la naturaleza humana a través de una frase que, sin embargo, se estrelló con las vicisitudes del lenguaje que innegablemente nos define epocalmente y que muy a modo denotan ese mismo carácter humano en lo político; lo económico; lo lúdico; lo apasionado y apasionante, el poder y la necesidad de ser, etcétera. Esa frase es a la vez evidencia y exhorto: “ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica” dijo y la frase que acompañó a muchas otras acciones en congruencia empero lo condujo a la muerte física y a la vida eterna también. El problema entonces era manifiesto –y lo sigue siendo–, la frase acoge dos palabras que hacen mucho ruido en la estreches del pensamiento que delimita nuestro lenguaje, éste que es símbolo y que tiene significado cuando se estampa con la piedra y el pasto y la naturaleza y la calle y la gente: “revolución” y “juventud”.

Este mundo del que hablamos posee, cercana y ajenamente, una forma de organización que tiene por meta el que sigamos caminando sobre la faz del planeta y, al menos hace quinientos años –y al parecer lejos de nuestra memoria–, un particular acomodo que sitúa a algunos y algunas con facilidades frente al desarrollo respecto a los y las otras; pero este tema y la palabrita “desarrollo” ya los dejaremos para otra ocasión. En este contexto, hablar de revolución como sinónimo inmediato de cambio resulta incómodo.

Si reflexionamos sobre la palabra “cambio”, ésta nos remite primero a la capacidad creativa y de planeación inherente al ser humano; aquello que en otros instantes es denominado “arte” y que significa la sublimación de lo que –más allá (nada más) de lo biológico– nos configura como personas y que presume de antemano un sinfín de accesos y lanzamientos al desarrollo entendido desde la misma diversidad que nos expone como seres infinitamente nutritivos. Este talento –hasta que la economía termine de oscurecer sus terrenos– se encuentra mucho más a flor de piel en esa bellísima etapa a la que decidimos llamar, no sólo racional sino emotivamente, “juventud.”

Por ser joven podemos entender un momento en plenitud de oportunidad para mirar, detenerse, hacer y deshacer; inventar y reinventarse en ese instante en el que todavía –y lo digo como previendo una amenaza– se acepta y se comprende y cobija socialmente la energía del error o del acierto. Pero no quisiera generalizar: hay también las latitudes que ya de por sí no lo hacen o donde a los jóvenes se les ha extirpado esta posibilidad a fuerza de pobreza o políticas exacerbadas de autoridad y poder –por citar algunos ejemplos– y desde donde, no obstante, aun así nos abrimos paso.

En México, donde de por sí es difícil cuestionar y hacerlo se traduce en el cobro de vidas a la sombra del silencio de los medios de información dominantes, ejercer la objeción siendo joven es peor aún, no sólo relegando un vacío legal sino legítimo; donde el castigo puede caminar desde el rechazo social hasta el homicidio impune y masificado terroríficamente bajo eufemismos inapelables e investidos de sensaciones empero distantes de progreso.

El aciago se construye en la concepción popular, teniendo como base el miedo que representa la vitalidad y la capacidad no sólo de proyección sino de acción frente a los intereses minoritarios, la justificación de medidas represivas del cambio criminalizando al joven y a la juventud…

¡Criminalizándonos! …

 

Ligia Bedolla:

Me olvidé de mí, me dejé absorber por la ideología conservadora, lineal y restringida de nuestra sociedad mexicana; pensar en el joven, aquel muchachito rebelde del bachiller, el que de la vida, no sabe nada, aquél que sólo se dedica a soñar, el que cree el mundo puede cambiar; ay, ese joven que no comprende las obligaciones y responsabilidades de la vida adulta, donde soñar cuesta caro. La realidad se me nubló, me ensordecí y me dejé envolver por las palabrerías.

26 de septiembre de 2014 sonaba entre la multitud, se leía, se cuestionaba, se decía, se inventaba, algo me hacía sentir: terror y desesperación. Día en que ocurre la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Normal Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. Noche en la que policías mataron, lastimaron y en la que se llevaron la vida y tranquilidad de decenas de personas. Momento que sacudió a todo México, y que nos hizo –hace– recordar y cuestionar sobre lo que somos. A un año de este crimen, el olvido no nos alcanzó, ni alcanzará; los mexicanos continuamos levantando la voz. El 26 de septiembre de 2015 se convocó a una gran marcha, el reclamo, el enojo y la exigencia se recrudecieron en mí, pero, lamentablemente seguía absorbida por la ideología conservadora; me limitaba a incomodarme sin más. Sin embargo, el 26 por la mañana decidida me aventuré a asistir a la marcha desde la lucha ciudadana. Al llegar me impresionó la cantidad de gente que éramos, no fuimos soledades en multitud, nos convertimos en unidad, en una misma lucha, en un mismo mexicano. Pero… Aún yo, sentía que dentro de mí, la esperanza moría.

Al llegar me quedé parada sobre Reforma para observar a todos los contingentes, así vi pasar a la sociedad civil, a los campesinos, a normalistas de otros estados, a las enfermeras, a las feministas, a los católicos, al movimiento por la paz; un ambiente de tranquilidad se respiraba, sólo unos cuantos policías se mantenían en la avenida para asegurar la “seguridad” de la marcha. Lo primero que me sorprendió fue el contingente infantil, marchando y gritando al unísono de todos los demás ciudadanos, “el niño consiente, se une al contingente.” Ellos se mostraron con convencimiento y sabían que eran observados. ¿Niños en una marcha? Pero, ¡qué peligro! Pues para ellos no lo era, allí estuvieron y reafirmándose iban junto con todos. Yo grité ‘¡Esperanza! México sí puede cambiar.’

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Un sentimiento comenzó a aparecerme, más allá de la inconformidad, soñé e imaginé un mundo mejor para todos y sí, para cada uno. ¡Qué locura!, por qué un sentimiento tan infantil, tan de chavito me inundaba, estaba contagiada por la emoción, de entre tantos, hacer posible eso que de lejos se ve imposible. De pronto, mientras retrataba al contingente de niños, comencé a escuchar más y más gritos, las voces se triplicaban, cuadriplicaban, parecía que la tierra temblaba. Cuando miré atrás comprendí: eran los jóvenes universitarios que ya venían marchando. Al verlos, sentí que me llenaba de energía, quería correr y sumarme a su grupo, pero me detuvo el pensar que yo no era joven. Qué vitalidad, qué entrega, vaya decisión que mostraban en su caminar. El primer grupo que alcancé a distinguir fue a la UACM, después los anarquistas, detrás venía la UAM y el IPN; nuestra juventud había llegado. Fue tanta mi emoción que comencé a grabar, mientras lo hacía, ¡oh sorpresa!, el regalito que tenían preparado:

Ni perdón, ni olvido. La juventud, todos diferentes y unidos estamos. #ayotzinapa #lucha #43

Un vídeo publicado por @ligiacolorida el

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¿¡Filas de Policías!? Sí señores, así como lo observan. Muchos podrán decirme, claro fue para albergar la seguridad de la marcha, fue para protegerlos, pero, ¿en el fondo qué nos mostraron? … Cierto es que en esta ocasión, y hasta ese momento, estaban vestidos como policías de tránsito, no fueron granaderos. Podríamos decir que “violencia” directa no estaban ejerciendo, estaban parados, recordándonos, de alguna manera, que habría que “portarse bien;” que son capaces y están autorizados a “actuar” en contra de la multitud. Así, emergió el recuerdo de lo que pasó aquellas noche, policías matando a estudiantes, impunes, instruidos, obedientes. Un sentimiento de ira también me invadía, cómo era posible esa cantidad exacerbada de policías para “mantener la seguridad” alrededor de los contingentes universitarios. Entre líneas el mensaje era: los jóvenes son peligro, los jóvenes son desastre, los jóvenes son violencia, ahí es donde el poder debe prevalecer.

¿Qué podemos esperar de una sociedad que criminaliza a su juventud? ¿De un gobierno que clasifica a la juventud como violenta, como riesgosa del progreso? De eso, sólo nos queda esperar la muerte, porque si la juventud daña, el futuro no se construirá.

Pero, ellos, olvidan que…

Hay un tiempo para la ira y un tiempo para la esperanza. La ira conduce a indignarse, a organizarse y a separar los oprimidos de los opresores cualesquiera sean sus colores, sus promesas o sus vestimentas. La ira exige razonar y organizarse en justicia, libertad y autonomía. Este es el tiempo de la indignación y de la ira. Después de la ira viene la esperanza.[1]

Así, mi ira iba acompañada también de esperanza y me convencí de que yo también era joven. Me sumé a esa lucha llena de coraje, lucha rebelde, transgresora, loca, desafanada, a esa lucha utópica y para muchos irreal, sí, a la de nosotros los jóvenes que creemos, y trabajamos por construir un país mejor para todos y para cada uno.

A los jóvenes (a los estudiantes, a los profesores, a los niños, a los viejos, a los padres, a las madres, a los que nos asumimos jóvenes), nos queda mucho por hacer. En la educación está la propuesta de cambio, sí, en la educación de los niños, niñas y jóvenes mexicanos se deposita la esperanza. Sigamos soñando, dejando soñar y enseñando a soñar con la utopía de un mundo mejor; aventurémonos en la acción, en la protesta y en la propuesta; nos queda unirnos, reafirmar nuestra juventud revolucionaria, cambiante, apasionada.

Aquí está una de las tareas de la Juventud, impulsar, dirigir con el ejemplo la producción del hombre del mañana, y en esa producción y en esa dirección está incluida la producción propia, porque nadie es perfecto ni mucho menos, y todo el mundo debe ir mejorando sus cualidad mediante el trabajo, las relaciones humanas, el estudio profundo, las discusiones críticas, todo eso es lo que va transformando a la gente. […][2]

… La juventud, nuestra juventud… La juventud es lucha de un mundo mejor.

 

 


[1] Adolfo Gilly y Rhina Roux en http://www.jornada.unam.mx/2015/10/26/politica/012a1pol

[2] Discurso en la clausura del seminario “La juventud y la Revolución,” organizado por la UJC del Ministerio de Industrias, 9 de mayo de 1964. Ob. cit., t. 2, pp. 308-318. Consultado en http://marting.stormpages.com/chejuventud.htm el 10 de octubre de 2015.

¿Cuál debe ser el límite de nuestra libertad de expresión?

Por Daniel Vázquez

Esta pregunta puede interpretarse al menos de tres maneras, en un sentido ético, en uno legal y en relación a la corrección política. En el primer sentido, se busca un principio moral que nos indique dónde está la línea de lo éticamente aceptable. Si quiero expresar mis ideas, enojos, desacuerdos o reproches, ¿qué tan lejos puedo llegar sin que mis acciones y palabras se consideren inmorales? ¿Con cuánta crudeza puedo expresar mis opiniones? ¿Qué tan insensible puedo ser al expresarme sin que ello signifique que carezco de virtud o que hago el mal? ¿Existen excepciones a la norma general? Personas con un mal carácter–como yo–se preguntan este tipo de cosas con frecuencia. En un sentido legal, la pregunta es sobre los límites que las leyes de un Estado deben imponer a la libertad de expresión de sus habitantes. ¿En qué momento el Estado está justificado para intervenir ya sea en la prevención, censura o sanción de cierto tipo de expresiones? ¿Cuál es el principio legal que explica estos límites? Por último, se puede pensar el tema con respecto a lo que llamamos ‘corrección política.’ En este sentido, se busca una regla o guía de comportamiento civil, es decir, de etiqueta y cortesía formal. Aquí la pregunta crucial es sobre cómo debemos restringir nuestras expresiones para cumplir con las normas de comportamiento socialmente aceptadas.

Lo ético, lo legal y lo políticamente correcto no se identifican necesariamente. Hay muchas acciones inmorales que son legales (por ejemplo, insultar o decir mentiras inofensivas). Por otro lado, hay formas de expresión que aunque pueden ser éticas, rompen con lo políticamente correcto (piénsese en expresiones de protesta que intentan ofender y/o humillar a la clase opresora y que son consideradas obscenas o en algunos actos de desobediencia civil). Hay también acciones que se pueden considerar inmorales e ilegales y que, sin embargo, su expresión no rompe ninguna regla de corrección política (se puede difamar, producir publicidad engañosa o faltar a un contrato de manera educada), así como acciones éticas, políticamente correctas, empero, en algunos casos, ilegales (por ejemplo, revelar secretos estatales de interés público). Cuando se habla de los límites de la libertad de expresión, entonces, es necesario tener claro a qué ámbito uno hace referencia.

Aquí voy a discutir exclusivamente los límites legales de la libertad de expresión. Aún acotado de este modo, el tema es complejo y controversial. Si se restringe demasiado qué entendemos por ‘expresión de ideas,’ se le permite al Estado una capacidad de censura desmedida. Interpretada de manera amplia, sin embargo, la ‘expresión de ideas’ cubre cualquier acción que se pueda vincular con un mensaje significativo. Así, quedan incluidas acciones como buscar y recibir información, protestar en silencio y expresarse en diferentes medios. Sin embargo, muchas acciones violentas y dañinas también–como casos de acoso, discursos de odio, recetas para armas químicas, e incluso asesinatos y atentados terroristas. Esta situación produce una tensión entre la necesidad de proteger la libertad de expresión y la de limitar dicha libertad para salvaguardar otros derechos. Hay por lo menos dos familias de propuestas para resolver esta tensión: liberalismo y paternalismo.

De manera muy breve, se puede decir que el liberalismo propone restricciones mínimas a la libertad de expresión, basándose de forma exclusiva en el principio de daño (inspirado en Sobre la libertad de John Stuart Mill). Este principio establece que sólo es válido restringir expresiones para prevenir o sancionar un daño ilegítimo a alguien. Aunque hay desacuerdo acerca de qué es un daño ilegítimo, la mayoría de los liberalistas considera que se trata de una clara y directa invasión de los derechos de las personas. Las restricciones que se busca establecer son expresiones que atentan de manera directa contra la integridad física de las personas, así como la promulgación de leyes para evitar difamación, acoso y chantaje, y regular la publicidad y la veracidad de los contratos. Algunas personas también incluyen como daño ilegítimo algunos tipos de traumas psicológicos. La queja más común en contra del liberalismo, sin embargo, es que es demasiado permisivo. La respuesta tradicional es que cualquier expresión que no es protegida por el principio de daño, por más ofensiva, molesta e insoportable que sea, es uno de los precios a pagar por una sociedad libre.

El paternalismo defiende que se debe limitar la libertad de expresión más allá del daño ilegítimo. Hay dos grupos de argumentos en esta corriente: uno a partir del concepto de ofensa y otro que intenta defender la cultura democrática. En Harm to Others, Joel Freinberg sugiere añadir un principio de ofensa para establecer leyes que prevengan y sancionen insultos muy ofensivos. Aunque la ofensa no es considerada tan grave como el daño y por tanto las sanciones no deben ser tan severas, se proponen medidas de censura y multas. Aunque el término ‘ofensa’ es muy amplio, el principio sólo considera expresiones que producen un estado mental de disgusto y que puede atribuirse a la conducta errónea de una persona. La seriedad de la ofensa, además, se mide de acuerdo a varios factores, que incluyen la duración, valor social y la posibilidad de evitarla. Este tipo de paternalismo, de esta forma, propone, por ejemplo, limitar la expresión de ciertos discursos de odio, obscenidad sexual, caricaturas incendiarias y ciertas expresiones de intolerancia religiosa. Sin embargo, parece que esto confiere demasiado poder al Estado. Peor aún, parece ceder al estado la decisión sobre qué es erróneo y ofensivo y qué no, en vez de dejar esos asuntos abiertos a la discusión pública.

Otros autores paternalistas, a los que llamo defensores de la cultura democrática, van más lejos. Su argumento es que hay expresiones que el estado debe sancionar aunque no causen ni daño ni ofensa si es que éstas van en contra de los valores fundamentales de la democracia. Esto puede ser, por ejemplo, el caso de expresiones que retratan o promueven inequidad de género, raza, origen étnico, discapacidad, nacionalidad, religión u orientación sexual. Un caso muy discutido es el de la pornografía que presenta escenarios de humillación, subyugación y/o deshumanización. Sin embargo, en vez de proponer un principio adicional para limitar estas expresiones, autores como Stanley Fish, proponen un análisis de casos en el que se consideren los diferentes valores involucrados en las situaciones específicas. La objeción principal es que al intentar defender la cultura democrática estas propuestas terminan por proponer medidas antidemocráticas, estrategia que parece dispararse en el propio pie.

El problema de fondo es que a mayor libertad de expresión, aumenta el riesgo de infringir otros derechos, pero a menor libertad de expresión también se atenta contra la autonomía de los ciudadanos y la democracia. Entonces, la disyunción parece ser entre una sociedad libre pero insegura o una segura pero bajo un régimen autoritario y paternalista. Pero, ¿es esto un verdadero dilema o existe alguna forma de garantizar la libertad de expresión sin poner en riesgo otros derechos?

Voy a esbozar una respuesta que me gustaría discutir (y que desarrollaré en un seminario en línea el próximo trimestre). La propuesta es reinterpretar el principio de daño bajo un enfoque que tome en cuenta los sistemas de opresión, dominación y discriminación de forma que haga innecesaria la adición de otros principios pero imponiendo limitaciones a aquellos en posiciones privilegiadas. Esto garantiza, en pocas palabras, el derecho a resistir la injusticia e inequidad social, pero considerando como dañinas las expresiones que contribuyen a marginalizar y discriminar a grupos vulnerables. Pretendo, de esta manera, ofrecer un marco conceptual que invalide la defensa de expresiones de opresión, dominación y discriminación bajo el argumento de ser el precio de la libertad de expresión, sin de esta manera poner en peligro la capacidad de que las personas demanden cambios sociales.