Por Diego Otero Angelini  (diego_otero1[at]hotmail.com ︱ @doteroangelini).

Comparto con Jimena Monjarás el deseo de que el mérito sea la causa de las condiciones vitales de las personas. De igual modo, compartimos la convicción, irrefutable, de que vivimos en sociedades donde las diferencias de género han conducido a tratos desiguales y en ocasiones injustos (aunque yo creo que dicho trato no solo ha generado circunstancias adversas para las mujeres). Lo que no comparto es la idea de que las cuotas de género son una respuesta adecuada, al menos no en los casos que ella propone aquí, para atacar el problema de la desigualdad.

Jimena expone algunos datos sobre la desigualdad de género en los espacios de toma de decisión en las esferas pública y privada, todos preocupantes para la realidad nacional. Pone el dedo en la llaga y nos deja ver que hay un problema. Existen, según expone, tres categorías para explicar estas desigualdades: la primera supone que las mujeres no tienen capacidad, la segunda que las mujeres no están interesadas por los puestos y la tercera que existen barreras estructurales que las limitan.

Dados los límites de este medio no vale la pena profundizar en la primera; es claramente falsa y profundamente impopular: en México, la Encuesta Mundial de Valores identificó en el 2012 que cerca del 80% de los mexicanos está en contra de la idea de que los hombres son naturalmente mejores ejecutivos de negocios (solo el 5.5% de los encuestados pensó que sí lo son definitivamente). Aunque cualquier número que niegue la igualdad moral e intelectual entre hombre y mujeres es demasiado alto, este dato es alentador.

Ahora bien, cuando entramos a la exposición de la segunda y tercera categoría la cuestión se dificulta. Al diferenciarlas, Jimena asume que si aceptamos que existen diferencias en intereses ente los géneros tenemos que justificarlas desde la naturaleza humana. Sin embargo, se equivoca.

En su texto afirma, acertadamente, que no hay nada en la naturaleza de hombres y mujeres que justifique la diferencia en los intereses de un modo relevante para la ocupación profesional. Aceptando eso y sus parámetros, no queda claro cómo podríamos explicar que, al menos en México, las mujeres se matriculan, consistentemente cada año, en áreas de estudio dedicadas a la educación 260% más que los hombres o en las de la salud 100% más. Tampoco que la proporción es inversa en el área de ingeniería y construcción, donde los hombres dominan en número (véase aquí).

El hecho de que a los hombres les gustan o interesan unas cosas y a las mujeres otras no es nuevo. ¿Por qué suponer la igualdad intelectual y moral conduce a catalogar estas diferencias como ilegítimas o injustas de entrada? Decir que a los hombres y mujeres les interesan cosas distintas no necesita más que afirmar que la experiencia vital de tener un género, aun si afirmamos que es culturalmente construido, ayuda a conformar una comprensión del mundo, con sus intereses, influenciada por dicho género. Eso no significa que todas las diferencias sean buenas o estén justificadas. Cuando no lo están podemos y debemos procurar su cambio, como hemos hecho en ocasiones aunque todavía quede más por hacer.

Ahí radica, a mi parecer, la deficiencia más grande de su argumento: todo lo que no se justifique en la naturaleza, es una “barrera estructural”. Las palabras son relevantes y, en este caso, iluminan mucho. Cuando decimos que los intereses culturalmente formados son parte de una barrera, parece que suponemos que las mujeres, en general, no quieren, o no deberían querer, lo que dicen querer (en el caso de que el acceso a posiciones de poder les sea menos atractivo en mayor proporción). El impacto de la cultura en la formación de intereses diferenciados por el género parece ser ilegítimo para Jimena en todos los casos que no conduzcan a posiciones de poder.

¿A qué nos referimos por barreras estructurales? Jimena parece estar pensando en un esquema de discriminación generalizado que está presente en todos los ámbitos de la sociedad. De él nos dice que sería ingenuo pensar que “no ha beneficiado a los hombres de forma histórica”. Sin embargo, me pregunto: ¿el acceso a ciertas posiciones es un beneficio aunque no se desee? Asumiendo que una persona tiene la libertad de elegir su profesión (como hoy sucede en México), ¿es perjudicada si no ocupa posiciones de poder?

Lo plantearé de otro modo. Si sostenemos que los hombres y las mujeres no pueden ser en general diferenciados en capacidades (con lo que estamos de acuerdo) pero sí en sus intereses (lo que es un hecho verificable), ¿no hay razones suficientes para esperar que no compartan en igual proporción los lugares que les interesan menos? Tomemos en cuenta los siguientes datos tomados de Inmujer y del Inee:

  1.  Las mujeres que estudian en las áreas de ciencias sociales, administración, derecho, ingeniería o ciencias naturales y de la computación suman solo el 33.4% del total de la matrícula universitaria en 2015.
  2. En promedio las mujeres trabajan 12.4% menos horas por semana que los hombres (véase aquí).
  3. Si bien la proporción de estudiantes universitarios es muy similar (independientemente de qué estudien), la tasa de ocupación para personas con estudios superiores es para hombres de 91.1 y para mujeres de 73.1.

Aunque esta lista no es exhaustiva, al menos me permite plantear las siguientes preguntas:

  1. Dado que las mujeres tienen proporcionalmente menor interés por áreas en las que el acceso a posiciones de poder está más cercano, ¿no es normal que estén en proporción menor en esos puestos?
  2. Si aceptamos que menos mujeres tienen interés en esos campos de estudio y agregamos que, aun cuando son el 50% de la población estudiantil universitaria, casi el 30% de ellas decide no entrar al mundo laboral, ¿no es normal que la proporción sea aún menor en puestos de poder?
  3. Ya que las mujeres que sí se interesan por esos campos y de hecho entran a trabajar en ellos tienden a trabajar menos horas por semana que sus pares masculinos, ¿no es previsible que sean promovidas en menor proporción?

Si pensamos que las decisiones de mujeres que deciden dedicarse a otros campos, o a trabajar menos horas (por las razones que sean), o a no trabajar en lo absoluto son libres, en función de sus intereses, y no por imposiciones injustas (barreras estructurales) de la sociedad, no me queda claro por qué sería necesario llevar a cabo una política pública como las cuotas de género para remediar las decisiones libres de ciudadanas libres. Jimena tendría que explicar por qué estas mujeres no saben lo que quieren.

Si en lugar de hablar de barreras estructurales pensamos en condiciones sociales, nos damos cuenta que hay casos en que es importante respetar las decisiones de individuos aunque no nos gusten las consecuencias sociales que generen. Aunque personalmente tengo la convicción que las mujeres deberían buscar desarrollarse profesionalmente cuando así lo deseen, no estoy seguro de querer usar el poder del Estado para compensar que muchas de ellas no lo piensen así para sí mismas.

Por cierto, decir que las diferencias de representación de género se explican por otras casusas no niega que exista la discriminación de género; sin embargo, contrario a lo que parece opinar Jimena, ésta no es la única causa de injusticias en el mundo profesional: Jorge Kahwagi no fue diputado por ser hombre del mismo modo que Carmen Salinas no es diputada por ser mujer.

No me queda claro que las cuotas de género contribuyen a la meritocracia en la industria privada. Creo que, para justificarlas, Jimena tendría que probar que mujeres con la misma experiencia y que dedican el mismo tiempo y esfuerzo que sus pares masculinos, en general, no tienen las mismas oportunidades. Esto no quiere decir que yo niegue la utilidad de las cuotas de género en todos los ámbitos, en política democrática creo que la cuestión es distinta.

Una finalidad del gobierno democrático es buscar la representación de intereses de los ciudadanos. Una de las características que deben tener los representantes es la de representar dichos intereses. Garantizar la participación de mujeres en el gobierno, en tanto mujeres, a través de una cuota puede cumplir la función de garantizar que sus intereses tengan representación. Es decir, podemos afirmar que el gobierno necesita contar con mujeres en un número adecuado simplemente para poder funcionar correctamente. Esto es así porque la lógica de la representación pública no es la misma a la de la productividad económica. Aunque esto es tema para otra entrada.

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