Antes de abordar los conceptos y herramientas que nos permiten cuantificar la impunidad es fundamental definir a qué nos referimos con ese fenómeno. En un sentido amplio, el concepto impunidad se refiere a la ausencia de sanción cuando alguien comete una acción contraria a las leyes de la comunidad en la que ocurren los hechos, es decir cuando un delito queda sin consecuencias legales. Esta falta de sanción o consecuencias puede ocurrir en dos momentos:
Primero: cuando el delito no es del conocimiento de las autoridades porque nadie sabe que ocurrió –por ejemplo, el robo hormiga – o porque la víctima sencillamente decide no denunciarlo por una variedad de motivos.
Segundo: cuando las autoridades sí tienen conocimiento del hecho delictivo, pero se ven imposibilitadas por diversas causas para imponer una sanción. Son varios los motivos de impedimento y pueden ser desde la incapacidad para ubicar al responsable hasta la ineficiencia institucional para procurar justicia.
Este texto se ocupará de la cifra negra, que es como comúnmente se le llama a los delitos que no se denuncian y que quedan sub-reportados en las estadísticas oficiales. Para medir este fenómeno se prefiere sobre los registros administrativos -por su autonomía e independencia- el uso de encuestas de victimización desarrolladas por la sociedad civil. El primer ejercicio de este tipo se llevó a cabo por la oficina de Estadísticas de Justicia de EUA (1973) y ha servido como un referente para otros países como Argentina, Australia, Chile, Reino Unido y, por supuesto, México.
En México, las mediciones independientes sobre la criminalidad real y la percepción de inseguridad iniciaron en 2002 con el diseño y aplicación de la primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI) por parte del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). Posteriormente, en 2011 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) retomó los esfuerzos para estimar la incidencia delictiva y conocer las características de las víctimas y del contexto del delito con el desarrollo de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La ENVIPE se ha publicado de forma periódica en 2011, 2012, 2013 y 2014 y a partir de sus resultados podemos identificar que, durante el periodo 2011-2014, en promedio el 92.4% de los delitos no se denunciaron en México.
| Año | Delitos no denunciados | Delitos denunciados |
| 2011 | 91.6% | 8.4% |
| 2012 | 92.1% | 7.9% |
| 2013 | 93.8% | 6.2% |
| 2014 | 92.8% | 7.2% |
Estas cifras tan altas de delitos no denunciados tienen varias explicaciones[i] e implicaciones,[ii] sin embargo en esta ocasión únicamente se abordarán las más importantes. Entre las razones para no denunciar los delitos, el 65.6% de los encuestados señaló que se debía a causas atribuibles a la autoridad como la pérdida de tiempo (31.4%); desconfianza (21%); miedo a que los extorsionen o actitudes hostiles por parte de los funcionarios públicos. El 33.9% restante menciona como motivo de la no denuncia el temor al agresor, que el delito era de poca importancia o que no tenía pruebas de lo ocurrido.[iii] Como se puede observar en las múltiples motivaciones que incentivan la no denuncia, hay algunas que naturalmente hacen imposible que todos los delitos sean notificados. Por ejemplo, es poco probable que se denuncie cuando a alguien le roban cien pesos de una cartera, le rompen un bote de basura del condominio vecinal o le rayan la puerta de su auto. Sin embargo, en México, la magnitud de causas que tiene su origen en el desempeño de las instituciones y sus funcionarios es muy alta. Sólo para mencionar un referente, es útil señalar que según la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) la cifra negra en Chile fue de 61.4% durante 2010. El contraste con Chile y las causas atribuibles a la autoridad nos permiten dimensionar la oportunidad de mejora que tiene la justicia en México para acercar a las víctimas a los mecanismos institucionales de atención al delito.
Por su parte, una de las implicaciones más graves ocurre cuando las autoridades hablan sobre incrementos, decrementos o movimientos en el fenómeno delictivo, pues estas variaciones únicamente se refieren en promedio al 8% de los delitos reales. Igualmente, hay que tener en consideración esta proporción al evaluar el desempeño de las instituciones de seguridad, procuración e impartición de justicia pues todos sus recursos materiales, humanos y financieros se utilizan para atender a menos del 10% de los delitos realmente acontecidos en la sociedad.
Por último, vale la pena señalar que aunque la ENVIPE arroja información confiable y oportuna sobre la cifra negra y aporta elementos de análisis valiosos para comprender el fenómeno de la impunidad, también tiene algunas limitaciones. Entre ellas destacan algunas que se deben al diseño estadístico de la misma encuesta, como la falta de representación a nivel municipal y el alto margen de error que tienen las cifras que corresponden a delitos graves como las desapariciones involuntarias. Pero más allá de lo que la ENVIPE no nos dice, hay que analizar responsablemente la información que se genera sobre los motivos de la no denuncia que sí son atribuibles a las autoridades e implementar políticas públicas efectivas para verdaderamente garantizar acceso a la justicia a los ciudadanos.
Otras fuentes para conocer más:
National Crime Victimization Survey del National Criminal Justice Reference Service.
Manual on Victimization Surveys del United Nations Office on Drugs and Crime.
Crime Victim Surveys del United Nations Office on Drugs and Crime.
[i] Entre las explicaciones de la no denuncia destacan la baja confianza en las autoridades, la falta de conocimiento sobre la existencia de medios institucionales para resolver conflictos, la lejanía física de las agencias gubernamentales o incluso la carencia de funcionarios capaces de llevar un proceso judicial en una lengua indígena.
[ii] Entre las implicaciones de la no denuncia destacan la falta de información suficiente para conocer en su totalidad el fenómeno delictivo, la falta de respuesta institucional a todas las víctimas del delito y los incentivos que genera la falta de castigo en la criminalidad.
[iii] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014. Consultada el 29 de septiembre de 2015.
Centro De Estudios en Derechos humanos 