La migración no sólo es económicamente eficiente, es un derecho humano

Por Jimena Monjarás Guerra.

En junio de 2015 Donald Trump anunció su candidatura para la nominación presidencial estadounidense del Partido Republicano. Desde entonces, uno de los ejes centrales de su inexplicable e impredeciblemente exitosa campaña ha sido la criminalización de los migrantes, en especial los mexicanos y musulmanes (“cuando México manda a su gente, no manda a los mejores; envía a gente con muchos problemas (…) traen drogas, son criminales, son violadores”).

Tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, el debate migratorio se ha intensificado a últimas fechas fruto de la guerra en Siria, de los conflictos armados en Centroamérica, en África, y un largo etcétera. Y aquí cabe preguntarnos por qué nos parece razonable y moralmente aceptable que la libertad de movimiento termine en una frontera geográfica. El tema tiene sin duda implicaciones éticas, sociales, políticas, económicas y prácticas, sin embargo, me gustaría explorar sobre todo el argumento económico y sus implicaciones en términos de derechos humanos, pues es el primero al que apelan quienes en general se oponen a una migración menos restrictiva.

En el mundo existe una tendencia de apertura a los flujos comerciales en aras del máximo aprovechamiento de los recursos para generar ventajas competitivas, y sin embargo, el flujo de personas (i.e. recursos humanos) se enfrente a una creciente oposición. Desde el punto de vista económico—el mismo que parece justificar el libre flujo comercial de bienes y servicios—la evidencia apunta a que la migración—autorizada o no—tiene efectos económicos positivos. El consenso entre los analistas es que la migración incrementa la demanda y la productividad, aumenta la innovación y reduce el nivel general de precios. En general, los migrantes son más propensos a emprender negocios que generan nuevos trabajos; incrementan la oferta laboral en industrias no cubiertas por la población nativa y contribuyen al incremento del “piso salarial”; incrementan la recaudación fiscal de sus lugares de residencia (pues, contrario a la sabiduría popular, los migrantes pagan impuestos); las remesas que envían a sus países de origen generan flujos de capital que mejoran la economía emisora; los migrantes de primera generación son menos propensos a cometer crímenes; y aumentan la oferta cultural de sus nuevas comunidades de residencia. Es decir, los beneficios se observan tanto en los ingresos y la calidad de vida de los migrantes individuales, como en la comunidad receptora en su conjunto. La evidencia es tan vasta que hay incluso quien argumenta que deshacerse por completo de las barreras migratorias podría duplicar la producción económica global y reducir los niveles de pobreza a nivel mundial.

Quienes se oponen a lo anterior argumentan que abrir por completo las fronteras generaría un flujo masivo incontrolable. La opinión pública y los discursos oficiales conservadores que se oponen a la migración abierta se centran en la pérdida potencial de trabajos y de bienestar en general. Sin embargo, existen de hecho regiones con migración abierta sin que ello signifique que ciertos países reciban millones de personas que llegan a “explotar sus recursos” o “robar sus trabajos”. Un ejemplo concreto es la Unión Económica Europea (UE). En 2004, 10 países se unieron a la UE sumando cerca de 100 millones de personas a la población total de la región. La mayor parte de estos países eran pobres y/o habían pertenecido a la Unión Soviética (Hungría, República Checa, Polonia y Rumania, entre otros). Tras la incorporación, no sólo no se observó una ola migratoria incontrolable, sino que 12 años después, únicamente 4 millones de esos 100 millones de personas han migrado a los países más ricos de la UE, casi todos de manera temporal, generando empleos, fomentando la competencia, aumentando la productividad, etcétera. Es decir, existen razones para suponer que la (¿infame?) mano invisible del mercado se ha encargado de equilibrar la oferta laboral y que muchas razones culturales, históricas y sociales generan cierta estabilidad en el tránsito de personas.

Estados Unidos, por el contrario, ha incrementado sus restricciones migratorias. Aunque en los últimos años el flujo neto de migrantes mexicanos se ha revertido (es decir, son más quienes regresan que quienes se van), siguen siendo miles los que atraviesan el país hacia el norte, provenientes de todas partes del mundo. El cada vez más estricto control fronterizo y el apoyo del gobierno estadounidense al programa Frontera Sur en México, fuera de desincentivar a quienes pretenden cruzar, ha generado que las fronteras mexicanas se conviertan en zonas bajo el dominio del crimen organizado. Por un lado, el número de “coyotes” y sus tarifas han crecido de manera exponencial en los últimos años (pues las restricciones en papel incrementan el número de funcionarios y las cantidades que éstos requieren para que la maquinaria siga operando). Por el otro, los cárteles encuentran en las rutas de La Bestia, presas fáciles de secuestro, extorsión y explotación sexual. No existen datos oficiales de cuántos migrantes se quedan en el camino, pero cada vez son más comunes los reportes de fosas clandestinas a lo largo y ancho del país, muchas de ellas llenas de restos de desplazados en tránsito.

Generalizar sobre las causas de la creciente desaprobación de la opinión pública con respecto a los migrantes es complicado. Distintos países y comunidades tienen—y han tenido de manera histórica—aproximaciones diferentes al fenómeno. En el caso particular estadounidense, a pesar de ser un país de migrantes, la criminalización, el miedo y el racismo hacia los nuevos grupos no es nada nuevo. No sorprende que, incluso quien pretende llegar a la presidencia—como Trump—ataque a blancos fáciles para ganar adeptos. El tratamiento mediático de casos anecdóticos, además, entorpece la superación de dichos miedos: casos como el de una mujer que es asesinada a manos de un migrante indocumentado mexicano en San Francisco dominan las noticias por días, mientras que rara vez se discute la aportación a la economía local de los negocios que emprenden los migrantes indocumentados. El primero, si bien reprobable, no es un caso representativo o que refleje el perfil de una comunidad completa, mientras que el segundo sí.

Tanto en el caso de las personas que migran por causas económicas, como en el caso de aquellos refugiados que forman parte de las movilizaciones forzadas (i.e. aquellos para quienes migrar es un imperativo), parecería que al menos los argumentos económicos no son suficientes para cerrar fronteras o construir muros. Cabe entonces preguntarnos si existe una responsabilidad moral—individual y colectiva—con las personas que por causas ajenas a su control se ven obligadas a abandonar sus países de origen.

Si bien existen muchas implicaciones prácticas y políticas al respecto, al menos tomando en consideración los beneficios económicos de la migración y las externalidades negativas de las medidas restrictivas, parece moralmente contradictorio que el derecho de movimiento de las personas esté limitado a los confines de un país. Aquellos países que restringen a sus ciudadanos al salir de sus límites fronterizos sin autorización—como Cuba o Corea del Norte—son considerados autoritarios y trasgresores de los derechos humanos, y sin embargo nos parece aceptable que existan restricciones a la entrada. Incluso cuando ante emergencias humanitarias, los recursos y procesos para quienes buscan migrar a otro país sean limitados, inaccesibles, y muchas veces insuficientes.

Las fronteras nacionales hoy en día nos parecen normales y prácticas. Sin embargo, si discriminar por raza, religión, sexo, o preferencia sexual se ha vuelto injustificable, ¿por qué nos parece razonable discriminar social y económicamente a una persona por su lugar de nacimiento? Un sistema fronterizo mucho menos restrictivo es, no sólo eficiente en términos económicos, sino parte fundamental de los derechos intrínsecos de las personas, sobre todo cuando éstas contribuyen de manera sustancial a las comunidades receptoras. Ponerle un asterisco al derecho al libre tránsito es en términos prácticos una limitación a un derecho humano fundamental.