Por Gabriela Martínez Sainz (gms[at]cedhmx.org︱@gmsainz ).

Esta semana mientras leía los avances de organizaciones civiles en Reino Unido para garantizar que niñas, niños y jóvenes participen en la evaluación y monitoreo de sus derechos, recibí la notificación de dos noticias en México que me paralizaron.

La primera, fue la de una familia que viajaba en carretera con dos menores de edad. El pequeño, Elías de dos años, fue asesinado con arma de fuego. La mayor, una niña de 14 años, fue violada junto con su madre. Un grupo armado, incluyendo al parecer menores de edad, los atacaron para robarles su camioneta. Aún sin confirmación, las autoridades sospechan que los atacantes forman parte de un grupo que se dedica al robo y tráfico clandestino de gasolina e hidrocarburos. En un vídeo que se difundió ayer sobre este grupo, se muestra cómo utilizan a mujeres y niños como “escudos” en enfrentamientos con militares.

La segunda notica, es de una joven de 22 años, Lesvy Osorio, que fue asesinada dentro de la UNAM. El último que la vio con vida fue su pareja sentimental pero en la investigación no se le considera sospechoso. Al contrario, la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México decidió publicar en redes sociales elementos de la investigación culpabilizando a la víctima de los hechos en lugar de solicitar información para encontrar a la o las personas culpables.

Estas noticias no son algo anormal en México, donde más de seis mil mujeres han sido asesinadas en los últimos cuatro años y la violencia ha afectado la vida de miles de niñas, niños y adolescentes quienes hoy representan uno de los grupos más vulnerables. Queda clara la importancia y urgencia de proteger los derechos de las niñas, niños y jóvenes. En un contexto de violaciones y abusos constantes como este, existe el riesgo de que niñas, niños y jóvenes dejen de reconocerse como sujetos de derechos con capacidad para exigir su respeto al Estado y a la sociedad en general.

¿Cómo explicarle a alguien que se les deben reconocer y respetar todos sus derechos en un país que ni siquiera puede garantizarles su seguridad? ¿Cómo decirle que tiene derecho a exigir servicios básicos de salud y educación cuando el Gobierno ni siquiera lo puede proteger contra abusos físicos, malos tratos o explotación, incluyendo abuso sexual?¿Cómo pedirle que ejerza su derecho a denunciar actos de violencia cuando las instituciones mismas culpan constantemente a las víctimas? ¿Cómo convencerlo de participar en la vida política del país y en la toma de decisiones bajo estas circunstancias?

Existen esfuerzos valiosos para fortalecer los derechos de este grupo vulnerable. Instituciones públicas y organismos de la sociedad civil implementan programas para difundir sus derechos y así promover su protección. Incluso el Nuevo Modelo Educativo establece que todas las niñas y niños al término de primaria conocerán, respetarán y ejercerán sus derechos y obligaciones.

El problema es claro. En un país donde las niñas y los niños no tienen garantizada su vida y tienen que preocuparse constantemente por su seguridad o en donde la impunidad y prejuicios institucionales hacen más vulnerables a los jóvenes víctimas de violencia, resulta muy complicado pedirles que asuman un compromiso con sus derechos y con los de los demás. Parece difícil convencer a niñas, niños y jóvenes de la importancia de sus derechos y de la posibilidad que tienen de garantizarles una vida digna y libre de violencia. En particular, parece ingenuo preocuparse por vislumbrar pedagogías o estrategias novedosas para enseñarles sobre derechos humanos y derechos de la infancia en un contexto violento.

Sin embargo, es precisamente eso lo que tenemos que hacer si queremos acercar los derechos a niñas, niños y jóvenes para que los vean no solo como un ideal lejano sino como herramientas concretas para combatir la violencia en la que viven. Cualquier propuesta educativa que tenga este objetivo debe considerar los siguientes tres principios rectores:

  1. Incorporar la realidad del contexto: resulta contraproducente negar la realidad de violencia y vulnerabilidad en la que vivimos. Es necesario utilizar como parte de los proceso de enseñanza y aprendizaje las experiencias de miedo, incertidumbre e inseguridad que sufren niñas y niños e insistir que esa no es la forma en que deben de ser las cosas.
  2. Evitar el adulto-centrismo: son precisamente las niñas, niños y jóvenes quienes están en una mejor posición para definir qué necesitan saber sobre sus derechos y cuál es la manera más significativa de hacerlo, no los adultos. El carácter transformador de la educación depende, tal como lo decía Freire, de partir de la realidad de los alumnos y desde su propia perspectiva.
  3. Reconocer que todos podemos ser agentes de cambio: empoderar a las niñas, niños y jóvenes implica en primer lugar reconocer que ellos tienen capacidad de acción. De esta manera, la enseñanza de sus derechos debe capacitarlos para tomar sus propias decisiones sobre cómo y por qué demandar que sus derechos sean protegidos.

Acercar los derechos a las niñas, niños y jóvenes brindándoles los conocimientos y herramientas necesarias para exigirlos es insistir en que una vida con violencia no es normal. Enseñarles sus derechos es, en sí mismo, un acto subversivo y de protesta contra una sociedad que se niega a proteger estos derechos. Es necesario mostrarles que ellos son capaces de luchar, desde la infancia, porque México sea diferente; es importante que sepan que en un futuro podrán tomar decisiones para que en su país se cuide mucho más a las niñas y niños, existan más oportunidades y permita que futuras generaciones alcen la voz cuando la violencia los pone en peligro. Ellos, excepto Lesvy, Elías y todos los menores que ya no tendrán oportunidad de levantar la voz.