Por Gabriela Martínez Sainz.

El 2 de marzo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en México, en el cual da evidencia de la crisis de violencia y seguridad que atraviesa el país. Este informe proporciona datos similares a los que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, reportó en Octubre del año pasado: más de 26, 000 personas desaparecidas, alrededor de 150,000 homicidios, casi 2,500 investigaciones por casos de tortura y más de 245 agresiones registradas contra defensores de derechos humanos y sus familias. La CIDH también corrobora la grave situación de inseguridad que sufren los periodistas en el país, que ya Artículo 19 había reportado en su informe el mes pasado, y que coloca a México entre los cinco países con más desapariciones de periodistas.

Los datos que ofrecen todos estos informes son en sí mismo abrumadores y reflejan una realidad de violencia e inseguridad con la que la mayoría de las personas en el país puede relacionarse. El INEGI reportó el año pasado que el 58% de la población mayor de 18 años considera que la inseguridad es el principal problema del país. Es por esto que resulta inadmisible la respuesta del gobierno federal al informe presentado por la CIDH:

“El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentado el día de hoy no refleja la situación general del país”

Uno de los argumentos principales que da el gobierno Mexicano es que la CIDH ignora en el reporte más de cincuenta años de avances, cambios estructurales y procesos que se han implementado para la protección y promoción de los derechos humanos. La queja del gobierno es que la CIDH se enfocó en buscar casos de violaciones de derechos humanos, como tortura, desapariciones forzadas e impunidad, en lugar de valorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y aunque esta respuesta pareciera un mal chiste—equivalente al alumno que se queja de reprobar porque el examen trata temas diversos e importantes y no solamente lo que sí estudió—es en realidad una muestra de la falta de sensibilidad del gobierno Mexicano hacia las víctimas al minimizar la importancia de las violaciones de derechos humanos, y de la creciente tendencia a desconocer las críticas de organizaciones internacionales.

El gobierno Mexicano, en los últimos años, ha adoptado como estrategia a la crítica internacional el hacer oídos sordos ante las preocupación de organizaciones e incluso gobiernos sobre la actual violencia e impunidad en el país. Por el contario, la estrategia ha sido atacar a las instituciones que emiten estas críticas desacreditando sus metodologías de investigación y repitiendo una y otra vez los avances que el mismo gobierno considera suficientes. En sus observaciones el gobierno Mexicano afirma que es difícil valorar la objetividad con la que la CIDH emite sus conclusiones y recomendaciones por varias razones, incluyendo que se basa principalmente en información cualitativa (casos de víctimas de violaciones por ejemplo) y no cuantitativa (estadísticas de crímenes), que utilizó notas periodísticas en lugar de la información otorgada por el gobierno y que busca sistemáticamente desacreditar las cifras oficiales. Ninguna de las dependencias que respaldan estas observaciones –Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República– tienen autoridad para desacreditar y mucho menos rechazar como lo hacen el reporte de la CIDH. No sólo no tienen la competencia para monitorear violaciones de derechos humanos en el país, sino que a diferencia de la CIDH, no cuentan con protocolos y metodologías para investigar dichas violaciones y reportarlas. Es imperativo que el gobierno Mexicano reconozca sus fallas, y entienda que los avances estructurales y en materia de legislación no son suficientes. Si lo fueran ni serían noticias cotidianas las desapariciones y asesinatos, y cientos de familias no tendrían que buscar solos y sin ayuda del gobierno los cuerpos de desaparecidos en fosas clandestinas por todo el país.

Sin embargo, esta postura del gobierno Mexicano significa también que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) deben repensar sus estrategias y formas de reaccionar ante las descalificaciones del gobierno Mexicano. El problema es que, por décadas, la sociedad civil en México se ha valido de la presión internacional para avanzar en la lucha de la defensa y promoción de los derechos humanos. Por ejemplo, la firma de los Acuerdos de San Andrés en 1996 fueron posibles en gran medida por el apoyo internacional hacia el EZLN de muchas organizaciones y que continúa al día de hoy.

Dado que una preocupación del gobierno Mexicano es—o por lo menos lo era hasta hace un par de años—dar una buena imagen hacia el exterior de compromiso con los derechos humanos, una buena estrategia para las OSC era evidenciar las incongruencias entre el discurso y la práctica de derechos humanos. Al denunciar ante organizaciones internacionales los abusos y violaciones, se lograba poner en el centro de la discusión las fallas del gobierno Mexicano y ejercer presión para que se llevaran a cabo cambios específicos. Así, estas denuncias se traducían en victorias para la sociedad civil, pues no sólo cobraba fuerza el discurso de los derechos humanos en México sino que poco a poco se consolidaba un marco jurídico sobre derechos humanos. Reformas constitucionales, iniciativas de leyes y mecanismos de protección en materia de derechos humanos han sido resultado directo de la presión internacional de gobiernos extranjeros y reportes publicados por distintas agencias más allá de la CIDH, incluyendo Amnistía Internacional, Human Rights Watch, y Freedom House, entre otras.

Si denunciar públicamente al gobierno Mexicano frente a organizaciones internacionales ya no es suficiente, es momento para que las OSC piensen en nuevas estrategias y formas de ejercer presión más allá de comunicados conjuntos. Si las viejas prácticas que funcionaron en el pasado ya no tienen la misma efectividad, es momento de pensar cómo lograr un mayor impacto y generar lazos estratégicos no sólo con los organismos internacionales sino también con los ciudadanos dentro del país. Esto no es fácil, pues al parecer, en México existe una incongruencia entre lo que pensamos como ciudadanos y cómo actuamos en consecuencia. Una investigación reciente muestra que a pesar de que hay una elevada alarma social ante la violencia en el país, la respuesta en acciones concretas es baja. El reto para las OSC es diseñar nuevas vías y mecanismos de participación para que los ciudadanos puedan exigir una verdadera rendición de cuentas que permita transformar la frustración generalizada contra la violencia e inseguridad a través soluciones concretas. Para lograrlo hay que pensar en formas de ciudadanía fuera de lo convencional, por ejemplo con iniciativas que:

faciliten la comunicación de los ciudadanos con sus representantes locales para exigir acceso a la información sobre casos de violaciones de derechos humanos en su comunidad,

transparenten los procesos de denuncia e investigación de dichas violaciones,

permitan convertir las firmas de peticiones electrónicas en iniciativas de ley o por lo menos asuntos a discutir en cámaras de diputados y senadores.

Este tipo de iniciativas ya se utilizan para temas como corrupción y elecciones o transporte público, y podrían servir como base para desarrollar propuestas para la promoción y defensa de los derechos humanos en México.