Por Daniel Vázquez

Esta pregunta puede interpretarse al menos de tres maneras, en un sentido ético, en uno legal y en relación a la corrección política. En el primer sentido, se busca un principio moral que nos indique dónde está la línea de lo éticamente aceptable. Si quiero expresar mis ideas, enojos, desacuerdos o reproches, ¿qué tan lejos puedo llegar sin que mis acciones y palabras se consideren inmorales? ¿Con cuánta crudeza puedo expresar mis opiniones? ¿Qué tan insensible puedo ser al expresarme sin que ello signifique que carezco de virtud o que hago el mal? ¿Existen excepciones a la norma general? Personas con un mal carácter–como yo–se preguntan este tipo de cosas con frecuencia. En un sentido legal, la pregunta es sobre los límites que las leyes de un Estado deben imponer a la libertad de expresión de sus habitantes. ¿En qué momento el Estado está justificado para intervenir ya sea en la prevención, censura o sanción de cierto tipo de expresiones? ¿Cuál es el principio legal que explica estos límites? Por último, se puede pensar el tema con respecto a lo que llamamos ‘corrección política.’ En este sentido, se busca una regla o guía de comportamiento civil, es decir, de etiqueta y cortesía formal. Aquí la pregunta crucial es sobre cómo debemos restringir nuestras expresiones para cumplir con las normas de comportamiento socialmente aceptadas.

Lo ético, lo legal y lo políticamente correcto no se identifican necesariamente. Hay muchas acciones inmorales que son legales (por ejemplo, insultar o decir mentiras inofensivas). Por otro lado, hay formas de expresión que aunque pueden ser éticas, rompen con lo políticamente correcto (piénsese en expresiones de protesta que intentan ofender y/o humillar a la clase opresora y que son consideradas obscenas o en algunos actos de desobediencia civil). Hay también acciones que se pueden considerar inmorales e ilegales y que, sin embargo, su expresión no rompe ninguna regla de corrección política (se puede difamar, producir publicidad engañosa o faltar a un contrato de manera educada), así como acciones éticas, políticamente correctas, empero, en algunos casos, ilegales (por ejemplo, revelar secretos estatales de interés público). Cuando se habla de los límites de la libertad de expresión, entonces, es necesario tener claro a qué ámbito uno hace referencia.

Aquí voy a discutir exclusivamente los límites legales de la libertad de expresión. Aún acotado de este modo, el tema es complejo y controversial. Si se restringe demasiado qué entendemos por ‘expresión de ideas,’ se le permite al Estado una capacidad de censura desmedida. Interpretada de manera amplia, sin embargo, la ‘expresión de ideas’ cubre cualquier acción que se pueda vincular con un mensaje significativo. Así, quedan incluidas acciones como buscar y recibir información, protestar en silencio y expresarse en diferentes medios. Sin embargo, muchas acciones violentas y dañinas también–como casos de acoso, discursos de odio, recetas para armas químicas, e incluso asesinatos y atentados terroristas. Esta situación produce una tensión entre la necesidad de proteger la libertad de expresión y la de limitar dicha libertad para salvaguardar otros derechos. Hay por lo menos dos familias de propuestas para resolver esta tensión: liberalismo y paternalismo.

De manera muy breve, se puede decir que el liberalismo propone restricciones mínimas a la libertad de expresión, basándose de forma exclusiva en el principio de daño (inspirado en Sobre la libertad de John Stuart Mill). Este principio establece que sólo es válido restringir expresiones para prevenir o sancionar un daño ilegítimo a alguien. Aunque hay desacuerdo acerca de qué es un daño ilegítimo, la mayoría de los liberalistas considera que se trata de una clara y directa invasión de los derechos de las personas. Las restricciones que se busca establecer son expresiones que atentan de manera directa contra la integridad física de las personas, así como la promulgación de leyes para evitar difamación, acoso y chantaje, y regular la publicidad y la veracidad de los contratos. Algunas personas también incluyen como daño ilegítimo algunos tipos de traumas psicológicos. La queja más común en contra del liberalismo, sin embargo, es que es demasiado permisivo. La respuesta tradicional es que cualquier expresión que no es protegida por el principio de daño, por más ofensiva, molesta e insoportable que sea, es uno de los precios a pagar por una sociedad libre.

El paternalismo defiende que se debe limitar la libertad de expresión más allá del daño ilegítimo. Hay dos grupos de argumentos en esta corriente: uno a partir del concepto de ofensa y otro que intenta defender la cultura democrática. En Harm to Others, Joel Freinberg sugiere añadir un principio de ofensa para establecer leyes que prevengan y sancionen insultos muy ofensivos. Aunque la ofensa no es considerada tan grave como el daño y por tanto las sanciones no deben ser tan severas, se proponen medidas de censura y multas. Aunque el término ‘ofensa’ es muy amplio, el principio sólo considera expresiones que producen un estado mental de disgusto y que puede atribuirse a la conducta errónea de una persona. La seriedad de la ofensa, además, se mide de acuerdo a varios factores, que incluyen la duración, valor social y la posibilidad de evitarla. Este tipo de paternalismo, de esta forma, propone, por ejemplo, limitar la expresión de ciertos discursos de odio, obscenidad sexual, caricaturas incendiarias y ciertas expresiones de intolerancia religiosa. Sin embargo, parece que esto confiere demasiado poder al Estado. Peor aún, parece ceder al estado la decisión sobre qué es erróneo y ofensivo y qué no, en vez de dejar esos asuntos abiertos a la discusión pública.

Otros autores paternalistas, a los que llamo defensores de la cultura democrática, van más lejos. Su argumento es que hay expresiones que el estado debe sancionar aunque no causen ni daño ni ofensa si es que éstas van en contra de los valores fundamentales de la democracia. Esto puede ser, por ejemplo, el caso de expresiones que retratan o promueven inequidad de género, raza, origen étnico, discapacidad, nacionalidad, religión u orientación sexual. Un caso muy discutido es el de la pornografía que presenta escenarios de humillación, subyugación y/o deshumanización. Sin embargo, en vez de proponer un principio adicional para limitar estas expresiones, autores como Stanley Fish, proponen un análisis de casos en el que se consideren los diferentes valores involucrados en las situaciones específicas. La objeción principal es que al intentar defender la cultura democrática estas propuestas terminan por proponer medidas antidemocráticas, estrategia que parece dispararse en el propio pie.

El problema de fondo es que a mayor libertad de expresión, aumenta el riesgo de infringir otros derechos, pero a menor libertad de expresión también se atenta contra la autonomía de los ciudadanos y la democracia. Entonces, la disyunción parece ser entre una sociedad libre pero insegura o una segura pero bajo un régimen autoritario y paternalista. Pero, ¿es esto un verdadero dilema o existe alguna forma de garantizar la libertad de expresión sin poner en riesgo otros derechos?

Voy a esbozar una respuesta que me gustaría discutir (y que desarrollaré en un seminario en línea el próximo trimestre). La propuesta es reinterpretar el principio de daño bajo un enfoque que tome en cuenta los sistemas de opresión, dominación y discriminación de forma que haga innecesaria la adición de otros principios pero imponiendo limitaciones a aquellos en posiciones privilegiadas. Esto garantiza, en pocas palabras, el derecho a resistir la injusticia e inequidad social, pero considerando como dañinas las expresiones que contribuyen a marginalizar y discriminar a grupos vulnerables. Pretendo, de esta manera, ofrecer un marco conceptual que invalide la defensa de expresiones de opresión, dominación y discriminación bajo el argumento de ser el precio de la libertad de expresión, sin de esta manera poner en peligro la capacidad de que las personas demanden cambios sociales.